JUEZA que condenó a Uribe será investigada
Resumen
La Sala Penal del Tribunal de Bogotá permitió que Álvaro Uribe Vélez siga en libertad mientras se revisa en segunda instancia su condena por presunto fraude procesal y soborno, alegando que la jueza se equivocó al imponer prisión domiciliaria bajo presión política.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Habría incurrido en prevaricato
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y ahora podrá permanecer en libertad, mientras haya una decisión en segunda instancia sobre la condena a doce años de prisión, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volverá a la libertad, una vez se cumplan los trámites de rigor. Para los abogados del líder del Centro Democrático, la jueza 44 Penal de Bogotá se equivocó al imponerle la detención domiciliaria antes de que hubiera decisión en segunda instancia en el proceso en el que fue hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La funcionaria judicial obró bajo presiones políticas del senador Iván Cepeda Castro y de varios dirigentes del denominado ‘Pacto Histórico’, empeñados en combatirlo por diferentes medios de presión a la Fiscalía.
La Sala Penal resaltó que la jueza Sandra Heredia, a la hora de imponer la medida a Uribe Vélez argumentó que la prisión domiciliaria era completamente necesaria por “la necesidad de preservar la convivencia pacífica y el orden social; evitar que la ciudadanía perciba que los condenados pueden seguir en libertad pese a derruirse la presunción de inocencia en primera instancia; como un efecto disuasivo frente a la comisión de nuevos delitos y evitar la idea —del conglomerado— de un trato desigual ante la ley, ante el reconocimiento público del enjuiciado”. Asimismo, en su decisión, la jueza 44 penal consideró oportuno la detención domiciliaria “dada la gravedad de los delitos como el soborno en actuación penal y el fraude procesal, porque afectaron la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en la justicia, lo que requiere una respuesta ejemplarizante”.