Justicia débil y crimen galopante

La sombra del crimen ataca por todos los puntos cardinales a Bucaramanga, como muchas ciudades de Colombia, vive atrapada en un ciclo de inseguridad alimentado por un sistema judicial que parece más diseñado para proteger a los delincuentes que para garantizar la seguridad ciudadana. La reciente cifra de 109 personas recapturadas cometiendo delitos mientras cumplían condenas en casa es una muestra alarmante de un problema que está lejos de ser resuelto ¿Cuántas vidas más deben verse afectadas antes de que el sistema reaccione con firmeza?

El problema radica en la falta de rigor con que se imponen y supervisan las medidas judiciales. Mientras las cárceles del país enfrentan problemas de hacinamiento y recursos limitados, el sistema ha optado por soluciones como la detención domiciliaria, que en la práctica resulta ser poco más que una invitación para que los delincuentes sigan operando desde sus hogares. El reciente informe del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán pone de manifiesto una realidad indignante: los criminales reinciden y, en muchos casos, lo hacen con total impunidad.

Las consecuencias de esta debilidad judicial son devastadoras. Por un lado, desmoralizan a la fuerza pública, que enfrenta la ardua tarea de capturar una y otra vez a los mismos delincuentes, agotando recursos y esfuerzos que podrían invertirse en prevenir nuevos crímenes. Por otro lado, envían un mensaje claro a la ciudadanía: la justicia en Colombia no garantiza seguridad ni castigo efectivo. En un entorno así, la confianza en las instituciones se erosiona y el miedo se convierte en el sentimiento predominante en la sociedad.

El problema no es solo local; es un reflejo de una crisis nacional. En un país donde el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos criminales utilizan testaferros para acumular propiedades y fortunas mal habidas, el Estado ha demostrado ser incapaz de frenar la expansión de estas economías ilegales. Las medidas cautelares, como la administración de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales, son un primer paso, pero no atacan la raíz del problema.

Urge una reforma estructural que fortalezca el sistema judicial y garantice que quienes cometen delitos enfrenten penas proporcionales y efectivas. Las condenas deben cumplirse en condiciones que aseguren el alejamiento de los delincuentes de sus redes criminales, no en la comodidad de sus hogares, desde donde siguen operando como si nada.

La seguridad de Bucaramanga, y de todo el país, no puede depender únicamente de la valentía de la Policía ni del sacrificio de sus ciudadanos. La justicia tiene una deuda con Colombia, una que no se puede seguir postergando. Es hora de actuar con determinación para romper este círculo vicioso antes de que sea demasiado tarde para la ya crítica sociedad en la que vivimos.