La acción de Tutela: del sagrario al arrume

Por: Rodrigo González Márquez*

En una monarquía de antaño, forma de gobierno autoritaria por excelencia, ya se comprendía el valor de salvaguardar a la ciudadanía frente a acciones vulneratorias del Rey; La “Justicia de Aragón”, figura que fungía como árbitro en aplicación del afamado y característico lema “antes fueron Leyes que Reyes”, brindaba ciertas garantías sensatas para el momento en la interacción ciudadanía-Rey. Al otro lado del Canal de La Mancha, “The Great Writ”, embrión de nuestro “habeas corpus”, daba primacía al derecho del ciudadano ante posibles abusos de poder.

Ya en nuestras tierras, iniciando la última década del Siglo pasado, la vinculación constitucional de la tutela, etimológicamente con significado poderoso y noble: “proteger” y “velar”, daba esperanzas celestiales y abrumadoramente justas a quienes veían en riesgo sus derechos fundamentales. Hoy, dejó de ser esa herramienta extraordinaria y aplaudida debido a un cóctel en el que intervienen los tres actores principales de la sociedad: Ciudadanía, servidores e instituciones.

En el primer lustro de su aplicación, hablar de Tutela era casi un Tabú, un término sagrado. Los decibeles permitidos para pronunciarla apenas rayaban en lo audible, en el susurro. Quienes lograban escucharla en una conversación ajena volteaban con ojos desorbitados, gesticulando como si acabara de acontecer una tragedia, como si alguien hubiese insultado al sumo pontífice. Presentar una acción de tutela, o peor aún, recibirla en un despacho, se interpretaba como una “ejecución” al peor estilo medieval. Su esencia extraordinaria estaba vigente; se acudía a ella cuando no existía otra vía para la dignidad de un derecho. 

Tres décadas después, hablar de la tutela es algo cotidiano. Es tan frecuente o popular como acudir al médico tras una dolencia. Está "trillada". No tiene un ápice de extraordinario su uso por parte de la ciudadanía, o de los profesionales a quienes los afectados acuden para consultar “que hacer” en casos en los que sus peticiones de salud, por ejemplo, no son atendidas. Ya no se mira la posibilidad de hacer peticiones oficiales o gestiones directas, pues la respuesta casi automática es: “eso toca con tutela”. 

Por su parte, los realmente responsables, los servidores de lo público en quienes recae la petición tipo ruego de la ciudadanía doliente la han bajado de “status”. Existe una especie de "callo" ante aquel oficio o documento que llega anunciando una tutela; se va "arrumando" al lado de otras cuantas solicitudes. Ya no hay que susurrarlo; ya se habla abiertamente; se sugiere sin filtros; se ofrecen “formatos” y “proformas” por doquier; no da miedo; no llama desesperadamente a la responsabilidad. Es “un trámite más” arrinconado en los anaqueles de “las cosas por responder”. 

La institucionalidad se afana más por engrosar el personal dispuesto a la respuesta de tutelas que de aquellas áreas de atención efectiva o directa. Los equipos jurídicos encabezan el plan de necesidades institucionales para lograr un aumento del presupuesto asignado. La preocupación lleva una tendencia hacia la respuesta ante estrados, antes que a la oferta para la ciudadanía. La alienación es cada vez más palpable… “señor, radique eso por escrito y le daremos respuesta en 15 días hábiles”…mientras tanto, se cuentan los días tachando el calendario para radicar la acción de tutela que está escrita desde el mismo día en que presentó la petición inicial. El riesgo ahora no está en la desatención de la tutela; increíblemente hemos dado un paso adelante en esta debacle. El incidente de desacato ya está haciendo fila para ser condenado al "arrume" de lo "pendiente por responder".

Memento Mori: Cuando lo extraordinario se vuelve “trámite”, la dignidad humana termina condenada a ser “estadística”.