Un nuevo informe sobre la gestión de la Asamblea Departamental de Santander dejó al descubierto un panorama incómodo para la corporación: dificultades de acceso a la información pública, informes de gestión incompletos, escasa participación ciudadana y un débil ejercicio de control político.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El diagnóstico, elaborado por la organización Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos con apoyo de Prosantander, concluyó que la relación entre la ciudadanía y sus diputados todavía navega en aguas turbias, donde la información pública parece más un laberinto burocrático que un derecho ciudadano.

El ejercicio denominado Asamblea Cómo Vamos 2025 se convirtió en la primera evaluación pública enfocada exclusivamente en medir qué tan abierta, clara y accesible resulta hoy la información entregada por la Asamblea Departamental y por cada uno de sus diputados. La investigación no evaluó posiciones políticas, ideologías ni simpatías partidistas. El foco estuvo puesto en algo mucho más elemental para la democracia: si los ciudadanos realmente pueden entender, verificar y hacer seguimiento a la gestión de quienes los representan.

Uno de los puntos más delicados fue la falta de respuesta oportuna de la Asamblea a una solicitud formal de información presentada por el programa evaluador. Según el informe, la corporación no entregó los datos requeridos dentro de los tiempos establecidos, incluso después de que se promoviera una acción preventiva ante la Procuraduría General de la Nación. El hecho no sería aislado. El documento recuerda que en ejercicios anteriores ya se habían presentado retrasos similares, situación que incluso derivó en la interposición de una acción de tutela.

La escena retratada por el estudio es la de una institución que todavía parece moverse bajo la lógica del archivo cerrado y la ventanilla lenta, mientras la ciudadanía intenta acceder a información que, por ley, debería estar disponible con claridad y oportunidad.

Otro de los aspectos más críticos fue la calidad desigual de los informes de gestión presentados por los diputados. El análisis encontró diferencias marcadas entre quienes sí entregan información verificable y detallada y quienes presentan reportes vagos, incompletos o sin posibilidad de trazabilidad. En términos prácticos, eso significa que en muchos casos el ciudadano no puede comprobar qué hizo realmente su diputado durante el periodo evaluado.

La situación adquiere un matiz aún más delicado porque tres diputados ni siquiera tenían publicado su informe de gestión al cierre del análisis, incumpliendo presuntamente lo establecido en la Ordenanza 048 de 2021, que obliga a publicar estos documentos dentro de los treinta días calendario posteriores al cierre del último periodo de sesiones ordinarias del año. Ese periodo terminó el 30 de noviembre de 2025.

El informe también golpea directamente una de las funciones más sensibles de cualquier corporación pública: el control político. Según la evaluación, apenas dos diputados cumplieron plenamente con el criterio relacionado con la presentación de debates de control político completos y verificables. La mayoría de reportes omitía conclusiones, resultados o elementos básicos que permitieran conocer qué impacto tuvieron esos ejercicios de vigilancia institucional.

En otras palabras, gran parte del control político terminó convertido en una fotografía borrosa: se menciona el debate, pero no queda claro qué se discutió, qué respuestas entregaron los funcionarios citados ni cuáles fueron las consecuencias concretas.

A esto se suma otro problema estructural: la participación ciudadana sigue siendo más decorativa que incidente. Aunque existen canales de divulgación institucional, el estudio concluye que predominan espacios donde la ciudadanía simplemente recibe información sin mayores posibilidades de interacción, retroalimentación o incidencia real sobre las decisiones públicas.

El informe advierte que la transparencia institucional no puede reducirse a publicar documentos dispersos en páginas web difíciles de navegar ni a cumplir formalidades administrativas. La verdadera rendición de cuentas exige información comprensible, verificable y útil para el control ciudadano.

Desde Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos insistieron en que el objetivo del ejercicio no es atacar políticamente a la Asamblea ni cuestionar tendencias ideológicas, sino aportar evidencia para fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad democrática en el departamento.

La conclusión del informe deja una frase que golpea el corazón del problema: la ciudadanía no puede vigilar aquello que no logra conocer ni entender. Y en la Asamblea de Santander, según este balance, todavía hay demasiadas puertas entreabiertas, demasiados informes incompletos y demasiadas respuestas que llegan tarde… cuando llegan.