La balanza rota

 Como mujer santandereana, la historia y la tierra me han enseñado el valor de la templanza, de la palabra firme y del respeto absoluto por las reglas de juego. En Santander no nos asustan las diferencias ideológicas; por el contrario, nuestra identidad se ha forjado en el debate vigoroso.

Por: Silvia Estupiñán Godoy

Sin embargo, lo que los colombianos hemos presenciado en los últimos días, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, cruza una línea roja que ataca directamente nuestra democracia: la abierta e indebida participación en política del presidente Gustavo Petro y de varios de sus altos funcionarios de gobierno.

 Ya de por sí, el presidente Gustavo Petro enfrenta una investigación preliminar de oficio por parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a sus pronunciamientos y mensajes difundidos sobre el panorama electoral; ahora, para completar las pruebas se suman los últimos trinos dónde el mismo afirma ponerse al frente de la campaña de su candidato para esta segunda vuelta presidencial.

 La Procuraduría ya tomó decisiones en altos funcionarios como Carlos Carrillo, director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), apartado de su cargo tras haber emitido declaraciones a favor del candidato del oficialismo y cuestionamientos a otros candidatos presidenciales en medios de comunicación; y el pastor Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, suspendido por realizar publicaciones en redes sociales promoviendo que miembros del Ejecutivo buscaran votos para la campaña.

A estos nombres se suman el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el exministro de Trabajo, a los cuales se les han abierto múltiples investigaciones por este presunto delito, incluyendo indagaciones disciplinarias.

 La institucionalidad no es un trofeo de campaña ni una tribuna de libre albedrío para quien ostenta el poder central. La Constitución Política de Colombia es taxativa al prohibir que los servidores públicos utilicen su investidura, los recursos del Estado o sus canales oficiales para inclinar la balanza electoral.

No obstante, la avalancha de pronunciamientos, trinos y veladas directrices emitidas desde la Casa de Nariño en favor del candidato oficialista, Iván Cepeda, y en un constante ataque de desprestigio hacia el candidato Abelardo de la Espriella, desfigura el rol de arbitraje neutral que el Ejecutivo está obligado a garantizar.

 Este panorama resulta profundamente preocupante desde una perspectiva femenina y ciudadana. Las mujeres hemos batallado durante décadas por abrirnos espacio en una política limpia, equitativa y transparente.

Queremos una democracia donde las ideas compitan en igualdad de condiciones, no una donde el aparato estatal actúe como el jefe de debate de una de las partes.

Cuando el presidente y sus ministros abandonan sus funciones de gobernanza para convertirse en militantes activos en plena contienda electoral, se rompe el pacto de confianza con los ciudadanos. ¿Quién cuida de los problemas urgentes del país, y de regiones como la nuestra, mientras los altos funcionarios desgastan su agenda persiguiendo réditos electorales?

 El sesgo gubernamental no solo debilita las instituciones, sino que fractura el tejido social en un momento donde el país clama por sensatez.

El lenguaje utilizado desde el poder, lejos de convocar a la calma poselectoral, agita la polarización y pretende deslegitimar las opciones que no se alinean con el proyecto oficial.

Defender la democracia no es imponer una visión única; es respetar el veredicto de las urnas y permitir que los ciudadanos elijan en libertad, sin el peso de la coacción discursiva del Estado.

Desde las regiones, y con la dignidad que caracteriza a las mujeres Santandereanas, acudo a este espacio para elevar un llamado respetuoso pero contundente a la cordura y a la legalidad. Santander exige un Gobierno Nacional que se dedique a gobernar para todos, no a liderar estrategias de campaña.

Al presidente y a su gabinete les corresponde actuar con la grandeza y la neutralidad que sus cargos demandan.

La segunda vuelta presidencial debe ser un ejercicio soberano de la ciudadanía, libre de interferencias oficiales. ¿Es mucho pedir que se preserven las instituciones, se respeten las leyes y se permita que los colombianos decidamos nuestro futuro en paz?