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La barbarie de Tibú es la gota que rebosa la copa

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Resumen

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El triste espectáculo de millares de familias campesinas desplazadas por el accionar violento de bandas delincuenciales en el Catatumbo, conmueve hasta las lágrimas: la mayoría encabezadas por madres cabeza de familia porque sus hombres, esposos e hijos o han sido reclutados a la fuerza o asesinados por no aceptarlo, que huyen de sus sitios habituales de residencia porque están en medio de la confrontación por el territorio entre bandas armadas dedicadas a negocios ilícitos: narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y, un largo etcétera.

Es una historia recurrente que se sucede como un tío vivo desbocado a lo largo de los últimos 70 años. Unas “guerrillas” y sus hermanos gemelos los “paramilitares” cuya razón de existencia real ha sido el control de negocios ilícitos, empezando por el narcotráfico. Es lo que hemos venido a entender los colombianos, después de décadas de falsas justificaciones de aquellos que se autodenominan “luchadores por la libertad y la democracia” y “defensores del pueblo”.

Todas las formas de violencia supérstites no se pueden entender sin el negocio del narcotráfico que, trágicamente se incrustó en el país durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, impulsado por la demanda creciente de los consumidores norteamericanos y, por un cambio en la política económica mundial -que pocas personas perciben- que facilitó la circulación de los voluminosos recursos ilícitos: la libre circulación de capitales. El que quiera comprender a cabalidad este trasfondo debe leer el estudio del profesor James Henderson que tituló Colombia: víctima de la globalización.

Lo cierto es que no comprender la naturaleza de los “actores del conflicto” como bandas delincuenciales, interesadas únicamente en la preservación de sus fuentes ilícitas de ingreso, sobre la base del control territorial para tales fines, nos lleva a la sin salida de la “Paz Total”. El actual gobierno con el prurito, posiblemente bienintencionado, de erradicar la violencia en las relaciones sociales de los colombianos, ha interpretado de manera equívoca, la esencia misma de los correctamente denominados Gao (en la jerga judicial), dándoles una connotación que no tienen.

Las consecuencias saltan a la vista. La política de contemporización con distintas facciones desde el Eln (también divido en frentes autónomos), pasando por las distintas “disidencias” de las antiguas Farc, hasta el ejército “gaitanista”, la forma que toma el conocido Clan del Golfo ha llevado a la proliferación de bandas delincuenciales que, a lo largo y ancho de la geografía nacional, se han convertido en una carga pesada e insoportable para los ciudadanos que, por desgracia, caen en sus zonas de influencia y control.

La sociedad colombiana ha sido generosa y paciente con estas lacras que asolan muchos de los territorios, especialmente rurales donde se desarrollan las actividades ilícitas. A este gobierno se le dio una licencia especial para abordar y resolver el fenómeno de la violencia en su expresión, particularmente ‘política’.

Los presuntos ‘beneficiarios’ no entendieron, o no quisieron entender, esa mano tendida. Lo peor, están abusando de ella. Ha llegado la hora de poner límite a los abusos, sobre todo, cuando comprometen los derechos básicos a la vida, la propiedad, la integridad familiar y la tranquilidad de millares de ciudadanos. ¡No más!

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