La consulta que Petro ya perdió
Resumen
Petro planea una consulta popular que no puede cambiar leyes ni ganar fácilmente, ya que requiere más votantes de los que lo eligieron. Podría ser una estrategia para la campaña del 26. Además, realizarla es un gasto fiscal innecesario.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Rafael Nieto Loaiza
No es la primera vez que Petro dice que acudirá al “pueblo”. Ha hablado de “poder constituyente”, “referendo”, “asamblea nacional popular” y de una “constituyente”. Hasta hoy, pura palabrería.
¿La consulta popular será más de lo mismo? Sí y no. Por un lado, no sirve ni para hacer reformas a la Constitución ni para aprobar leyes. A la consulta no se puede acudir para aprobar normas jurídicas de ningún tipo. De manera que, si finalmente se hunde la reforma laboral, no es posible revivirla a través de una consulta. Y el Senado debe aprobar su convocatoria, poco probable ahora.
Por el otro, como el censo actual habilita a 40.963.370 personas para votar, para que la consulta sea obligatoria sería necesario que participaran al menos 13.654.457 ciudadanos, de los cuales 6.827.229 deberían votar afirmativamente. Petro necesitaría que salieran a votar la consulta 2.361.699 colombianos más que los 11.292.758 que votaron por él en segunda vuelta. No hay ninguna forma de que lo consiga. Su único chance estaría en que la oposición decidiera ir a votar en lugar de abstenerse, cosa posible pero improbable. La consulta de Petro está perdida antes de nacer.
Sin embargo, es posible que Petro decida impulsar la consulta, sabiendo que no puede ganar, para usarla en la campaña del 26: para diluir el juicio ciudadano a su gobierno, estigmatizar aún más a sus opositores y darles alguna bandera a sus partidarios. Por eso mismo, conviene que el Senado evite de entrada la manipulación gubernamental negando su convocatoria.
Salvaríamos además el platal que cuesta realizarla, entre 500.000 y 600.000 millones. La situación fiscal es insostenible, pero Petro quiere malgastar cerca de 150 millones de dólares para usar la consulta como herramienta de campaña. Una irresponsabilidad que refleja bien la insensibilidad social del Gobierno.
Dos reflexiones finales: una, no hay bloqueo institucional. A pesar de Petro, aún estamos en una democracia, con separación de poderes, y archivar una propuesta gubernamental que no le parece conveniente es parte de los deberes del Congreso que, además, no solo le ha aprobado muchas leyes a Petro, entre otras una nefasta tributaria, el espanto de la “paz total” y la pensional, sino que lo ha protegido inconstitucionalmente congelando sus procesos en la Comisión de Acusaciones.
La otra: en una democracia, la representación popular por excelencia está en el Congreso y no en el presidente. Petro no es “el pueblo” y su elección, por estrechísimo margen y además tramposa, con financiación ilegal y violación de los topes, no lo faculta para hacer lo que le da la gana, subvertir a las facultades de los otros poderes públicos o acusar al Congreso de “traicionar al pueblo” cuando no aprueba algún proyecto de ley de origen gubernamental. Petro, como cualquier otra autoridad, solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. Nada más.
