Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Pese a que han pasado varios días desde el ataque de la guerrilla del ELN a los disidentes del Frente 33 de las Farc, que deja un saldo de decenas de muertos, un número indeterminado de desaparecidos y más de 47,000 personas desplazadas, el humo del horror aún no se disipa y tampoco hay soluciones contundentes.
Este desplazamiento masivo, el más grave que ha registrado Colombia en los últimos 30 años, es una crisis de dimensiones inabarcables y requiere una respuesta acorde con la magnitud del sufrimiento de la población afectada.
Los desplazados, en su mayoría, viven en condiciones precarias en albergues improvisados en municipios de Norte de Santander, como Tibú, San Calixto, El Tarra y Teorama y claman por regresar a sus parcelas donde dejaron abandonado todo.
Pese a que se saca pecho con las ayudas humanitaria entregadas por el Gobierno nacional, en estos lugares, adultos mayores, niños y mujeres en situación de vulnerabilidad sobreviven en condiciones infrahumanas, sin acceso adecuado a alimentos, atención médica o un espacio mínimo que les respete su dignidad.
Lo más grave es que, a pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Es cierto que el Gobierno ha desplegado más de 9,000 efectivos militares y policiales para garantizar la seguridad de la población, pero esto no es suficiente.
La crisis del Catatumbo no se acaba echándole más gasolina al fuego. La protección a la vida de los civiles debe estar acompañada de una atención integral que vaya más allá de la llegada de tropas y la entrega de suministros escasos y temporales.
Las familias desplazadas necesitan apoyo psicológico, acceso a educación para los niños, asistencia médica de emergencia y, sobre todo, soluciones duraderas para reubicación y reintegración en sociedad.
El Gobierno no puede seguir con su decisión de tratar el problema como un asunto de seguridad territorial únicamente. El conflicto armado en el Catatumbo, alimentado por el narcotráfico y las luchas entre grupos criminales por el control de las economías ilegales, exige una estrategia de paz más efectiva, que no sólo contemple la confrontación militar, sino también una intervención social profunda.
El drama del Catatumbo refleja la insuficiencia de una política de paz que ha fracasado en el pasado y continúa con sus acciones ineficaces y pone en evidencia la falta de una respuesta coherente y solidaria de un Gobierno que se muestra indiferente ante el sufrimiento de los más vulnerables, mientras brinda espacio y legítima a los actores armados.
El Gobierno de Gustavo Petro debe garantizar que las víctimas del Catatumbo no sean sólo números en un informe oficial, sino personas cuya vida y dignidad requieren una acción inmediata y decidida.
Por el contrario, la cifra de desplazados podría aumentar aún más y el dolor y la injusticia prevalecerán sobre unos seres que no pidieron la guerra, sino que esta les llegó hasta las puertas de sus casas.
