La desaparición forzada no es un asunto del pasado: así trabaja la JEP para el retorno de las víctimas al seno de sus familias

Las medidas cautelares de la JEP han representado un avance sin precedentes en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. A la fecha, este recurso judicial, aplicado por magistrados y magistradas como parte de sus investigaciones, ha permitido intervenir más de 80 sitios de interés forense en todo el país, donde se han exhumado 1.713 cuerpos.

De ellos, 152 han sido identificados y 97 entregados dignamente a sus familias, como parte de las acciones tempranas de restauración que contribuyen a reparar el daño causado y a garantizar los derechos de las víctimas.

En la Justicia Transicional Restaurativa, las medidas cautelares han sido determinantes para brindar respuestas concretas a algunas de las 124.734 familias que siguen buscando a sus seres queridos en el contexto del conflicto armado. Este recurso judicial encauzó los procesos de búsqueda, fortaleció la coordinación entre las instituciones del Estado y optimizó los mecanismos que garantizan los derechos a la búsqueda, la verdad y la justicia. La JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda

de Personas dadas por Desaparecidas y Medicina Legal, ha consolidado un modelo que agiliza la identificación y prioriza zonas de interés forense, al mismo tiempo que refuerza la capacidad de respuesta del Estado y se proyecta como un referente para otros procesos en el mundo.

En 13 de los 32 departamentos del país, por ejemplo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha adoptado 31 medidas cautelares para proteger 23 zonas de interés forense que han facilitado la entrega digna de víctimas de desaparición forzada en Sucre, La Guajira, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Huila, Guaviare, Cundinamarca, Cesar, Casanare y Norte de Santander. Muchas familias han podido darles sepultura a sus seres queridos y, en la mayoría de los casos, conocer las circunstancias de su muerte. Este avance ha sido posible no solo por la articulación del Estado, sino también por la confianza que las víctimas han depositado en este sistema de justicia y por los aportes a la verdad de los comparecientes en el proceso judicial.

La respuesta integral a los familiares de las víctimas no solo ha implicado redoblar los esfuerzos para desenterrar la verdad en lugares donde se presume la existencia de personas desaparecidas, sino también fortalecer la toma de muestras de ADN a sus seres queridos para avanzar en la identificación. A este plan de acción se suma el desarrollo de protocolos sin precedentes que garantizan los derechos de las víctimas en megaproyectos de transporte en Colombia, así como la implementación de estrategias innovadoras, como la ‘Búsqueda Inversa’, que permite localizar a los familiares de víctimas identificadas pero que aún no han sido reclamadas.

Como parte de un esfuerzo que convoca a toda la sociedad, la JEP creó un micrositio para centralizar y visibilizar la información sobre las medidas cautelares adoptadas en la búsqueda de personas desaparecidas. Este espacio digital de acceso público permite conocer en detalle las órdenes emitidas por las salas y secciones de la Jurisdicción, facilitando el seguimiento de cada acción emprendida. Con esta iniciativa, la JEP no solo reafirma su compromiso con la transparencia, sino que también fortalece el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y la justicia, asegurando que la búsqueda no se detenga.

Además de proporcionar cifras actualizadas sobre las zonas de interés forense intervenidas por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y por los equipos de expertos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco de las medidas cautelares, esta página web permite acceder a protocolos, lineamientos, estándares y guías elaborados por instancias de la Jurisdicción como la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que han fortalecido el proceso de búsqueda.

1. Protocolo de entregas dignas.
2. Protocolo Arqueológico Forense para el Apoyo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con Enfoque Diferencial, Étnico y de Género.
3. Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte.
4. Plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique.
5. Lineamientos para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega culturalmente pertinente.
6. Guía de osarios.
7. Plan Estratégico Integral del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
8. Estándares mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas.

La protección de los lugares de inhumación va más allá de la conservación de un espacio físico; implica resguardar la memoria colectiva y las relaciones sociales que les dan significado a miles de familias buscadoras. Las medidas cautelares no solo han garantizado la integridad de cementerios y zonas de interés forense, sino que también han reconocido la dimensión simbólica de estos espacios, permitiendo que comunidades y familiares de las víctimas los reivindiquen como parte de su duelo y la reconstrucción de los vínculos rotos por los graves crímenes.

Medidas que corrigen falencias estructurales

Colombia enfrenta un desafío que supera con creces las cifras de desapariciones en las dictaduras del Cono Sur. En este contexto, la búsqueda de los desaparecidos no es solo una tarea urgente, sino un compromiso que interpela a toda la sociedad por la magnitud que implica. La articulación entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Medicina Legal ha fortalecido la capacidad operativa, garantizado recursos adecuados y asegurado un compromiso sostenido del Estado. En ese sentido, además, las medidas cautelares han sido clave para abrir camino y lograr que no solo el gobierno nacional, sino también las autoridades departamentales y territoriales, sumen esfuerzos en esta labor.

Las solicitudes de las víctimas, contrastadas con las investigaciones y el trabajo en terreno, han puesto en evidencia obstáculos estructurales que por décadas han dificultado la búsqueda de los desaparecidos. La fragmentación y duplicidad de la información impidieron consolidar un registro único y confiable de las víctimas de desaparición forzada, lo que dejó en evidencia las debilidades institucionales en la administración de los datos y la integración del Registro Nacional de Desaparecidos (RND). A ello se suma la falta de un censo riguroso sobre el número real de Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados y No Reclamados (CINR) en los cementerios, lo que ha obstaculizado el proceso de localización e identificación.

Al mismo tiempo, la administración deficiente de los cementerios y la ausencia de protocolos adecuados han derivado en prácticas que atentan contra la dignidad de los cuerpos. Exhumaciones administrativas sin orden judicial ni protocolos forenses, la inhumación irregular de CNI en osarios

comunes y la acumulación de restos en condiciones precarias son solo algunos ejemplos del desorden institucional que ha imperado en el tratamiento de los desaparecidos. A esto se suma la falta de rutas claras y efectivas para que las familias accedan a medidas de reparación y registren a sus seres queridos en el Registro Único de Víctimas (RUV), lo que ha prolongado la incertidumbre y el sufrimiento de quienes siguen buscando respuestas.

Frente a este panorama, la JEP ha constatado la necesidad urgente de fortalecer el abordaje técnico y científico en la búsqueda de los desaparecidos. La falta de recursos humanos, técnicos y presupuestales de Medicina Legal ha ralentizado los procesos de identificación, mientras que la ausencia de iniciativas estatales para localizar a las familias de víctimas identificadas y no reclamadas ha perpetuado el abandono de estos cuerpos. A su vez, la debilidad en el compromiso institucional de alcaldías, gobernaciones y la Iglesia en el manejo de los cementerios ha evidenciado incumplimientos normativos y fallas en la entrega digna de los restos a sus familiares.

Este diagnóstico, precisamente, motivo una medida cautelar nacional para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, las medidas cautelares ordenadas por la JEP han permitido despejar barreras históricas y sentar las bases para que el Estado, junto con la sociedad, asuma la búsqueda de los desaparecidos como una prioridad inaplazable.

Otras medidas cautelares

Además de la protección de lugares de inhumación, la JEP ha adoptado otras medidas cautelares en respuesta a solicitudes de las víctimas, reafirmando su papel central en el proceso de justicia transicional. Entre estas hay tres medidas para la protección de información, que salvaguardan documentos clave del Archivo General de la Nación, los archivos de Indupalma y los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). En relación con esta última, la JEP recibió un diagnóstico integral del Archivo General de la Nación, el cual permitirá definir la ruta y las condiciones necesarias para hacer públicos estos archivos y garantizar el acceso de las víctimas a la información.

Asimismo, se ha emitido una medida cautelar colectiva para proteger a los comparecientes ante la JEP, en reconocimiento a su compromiso con la paz y su papel en el esclarecimiento de la verdad, garantizando su seguridad durante el proceso judicial. Además, se han adoptado tres medidas de protección para personas en situación de riesgo y dos medidas de protección a la memoria, dirigidas a resguardar el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Palacio de Justicia, ambos espacios clave para la reconstrucción de la verdad y la preservación de la memoria colectiva.