Resumen
Los transportadores de Santander planean un paro desde el 7 de enero en protesta por el aumento de peajes y precios del ACPM, reflejando un conflicto creciente entre el gremio y el gobierno. Además, denuncian el mal estado de las carreteras y su impacto económico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La tensión en el gremio de transportadores continúa escalando. En Santander, los camioneros confirmaron su intención de detener sus labores a partir de la madrugada del martes 7 de enero, como medida de protesta contra el incremento en los precios del ACPM y las tarifas de peajes. Aunque aún no se ha definido una hora exacta, el anuncio fue realizado por más de diez asociaciones de conductores de carga pesada a través de Caracol Radio.
Jenny Alvarado, vocera de los transportadores en la región, explicó que el detonante del paro fue la decisión del Gobierno Nacional de implementar un nuevo aumento en las tarifas de los peajes a partir del próximo 15 de enero. “Nos prometieron soluciones, pero seguimos viendo cómo los costos siguen subiendo sin tener en cuenta nuestras dificultades. Esto ya no es sostenible”, señaló.
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La representante también denunció que el mal estado de las carreteras ha agravado la situación del gremio, generando retrasos en las entregas y costos adicionales. Según Alvarado, el deterioro de la infraestructura vial afecta no solo a los transportadores, sino también a la economía nacional, lo que hace urgente tomar medidas al respecto.
Ante el anuncio, las autoridades del departamento instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar el orden público y monitorear posibles bloqueos en las principales vías de la región. Sin embargo, la preocupación crece entre los sectores económicos por el impacto que podría generar la suspensión del transporte de mercancías.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha sido señalado como uno de los principales problemas. Según datos del Ministerio de Hacienda, el diésel fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo entre 2022 y 2023. Este panorama ha llevado al Gobierno a implementar alzas graduales, pero el gremio de transportadores se opone a estas medidas, alegando que afectan directamente su capacidad operativa.
