La embriaguez al volante

La tragedia ocurrida el 31 de octubre en la Avenida Mutis, en Bogotá, donde una pareja de motociclistas perdió la vida y otra persona resultó herida por un conductor en aparente estado de embriaguez, nos golpeó con la crudeza de un hecho que se repite con frecuencia aterradora. Y como si fuera un macabro déjà vu, apenas el fin de semana pasado un taxista, también ebrio, embistió a once personas en San Cristóbal, dejando a cuatro niños heridos, dos de ellos en estado crítico.

Estos episodios, que llenan titulares por un día, son solo la punta del iceberg de una epidemia silenciosa que desangra a Colombia sin que encontremos la voluntad colectiva para detenerla. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el alcohol ha sido un factor determinante entre el 30 % y el 40 % de las más de 3.000 muertes anuales por siniestros viales. No son simples estadísticas: son padres, hijos, amigos, vidas truncadas por una decisión irresponsable que atraviesa todas las clases sociales.

En el papel, la ley es clara. El Código Nacional de Tránsito prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol, y el Código Penal sanciona las consecuencias de esos actos mediante figuras como el homicidio culposo o las lesiones personales. Pero el debate debe ir más allá: en nuestra sociedad rige el principio de confianza, esa expectativa legítima de que los demás respetarán las normas. Este principio se rompe en el instante en que alguien, consciente de los efectos del licor, decide tomar el volante.

En los casos con consecuencias fatales, la jurisprudencia ha empezado a aplicar la figura del dolo eventual. Ya no se trata de simple imprudencia, sino de una decisión consciente de asumir un riesgo mortal. Es la actitud de quien piensa: “puede que mate a alguien, pero igual me voy”. Esta interpretación es clave para dejar de tratar una muerte causada por un conductor ebrio como un accidente.

El contraste con otros países es aleccionador. En Suecia, Noruega o los Países Bajos —donde las tasas son mínimas— los límites de alcohol son casi cero, las multas son exorbitantes y las penas de cárcel, frecuentes. Más allá del castigo, hay una cultura de responsabilidad colectiva en la que beber y conducir es un acto socialmente repudiable.

Parte del éxito radica en el principio de la posición de garante: el dueño de un bar o un establecimiento puede ser legalmente responsable si vende alcohol a una persona visiblemente intoxicada que luego causa un siniestro. El cantinero se convierte en un filtro de seguridad, con la obligación ética y legal de negar una copa más. En Colombia, esa figura casi no existe, y la culpa —ya diluida por la impunidad— recae únicamente en el conductor.

El problema, sin embargo, es cultural. Hemos crecido en una sociedad que se niega a ver el alcohol por lo que es: una droga psicoactiva legal que, según la OMS, causa más muertes que todas las drogas ilegales juntas. Como recuerda el doctor Roberto Solórzano Niño, “en la población general de un hospital, el 40 % de los pacientes son alcohólicos, la mayoría sin identificar ni tratar”. Nuestra cultura del “aguante”, del machismo que celebra el exceso, convierte el licor en una prueba de hombría y no en el peligro que realmente representa.

Es urgente que Colombia deje de matarse estúpidamente. Se necesita una acción concertada que combine sanción y educación: controles de alcoholemia permanentes, reglamentación de los expendios, venta responsable y campañas que desmonten los mitos sobre el alcohol. La sangre derramada en nuestras calles clama por un cambio. No podemos seguir siendo cómplices por omisión. La vida de la próxima víctima —quizás la de un ser querido— depende de que actuemos con la firmeza y la cordura que esta crisis exige, porque la embriaguez al volante es un crimen que seguimos llamando “accidente”.