“La exclusión digital profundiza la desigualdad en Colombia”: revela informe de la Contraloría

El bajo desempeño presupuestal, sumado a la heterogeneidad en la ejecución de los proyectos, incide en la persistencia de la brecha digital en el país, particularmente en Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe, de acuerdo con el estudio Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024).

Pese a los avances registrados en la expansión de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la Contraloría General de la República identificó que, mientras en 2019 y 2020 la ejecución de la Política Pública de Conectividad Digital superó el 90%, a partir de 2021 se registró una disminución sostenida, alcanzando “niveles críticos” en 2024 (61,40%). Un comportamiento asociado a la persistencia de desigualdad en el país.

Tal escenario fue dado a conocer en el estudio Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024), en el que también se incluyó un análisis por proyectos que expone un desarrollo heterogéneo de la PPCD: el 48% fue clasificado como “muy crítico”, mientras que el 38% alcanzó niveles de ejecución “adecuados”, evidenciando una mayor concentración de irregularidades en iniciativas relacionadas con conectividad rural, acceso público e inclusión digital, lo que afecta directamente los resultados esperados en el cierre de la brecha.

De hecho, el IBD-CGR registró en 2024 un valor nacional de 70,73, con mayores niveles de exclusión en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe. En departamentos como Vichada y Vaupés, la brecha digital superó el 85%, mientras que en Bogotá y San Andrés y Providencia (58,8% y 65,8%, respectivamente) se registraron los niveles más bajos del país.

Lo anterior se traduce en una barrera estructural para el desarrollo equitativo a raíz de los altos niveles de privación digital, principalmente en hogares rurales, grupos de menores ingresos y territorios con rezagos históricos que evidencian una brecha entre conectividad y uso efectivo de la tecnología, presentando sistemáticamente los indicadores más bajos de infraestructura, asequibilidad y habilidades digitales.

Aunque desde 2022 la brecha digital experimentó un descenso en los sectores urbano y rural (en las ciudades, la cifra pasó de 69,10% a 66,24%; mientras que en el campo disminuyó de 88,60% a 86,03%), la disparidad se sitúa actualmente en el margen de los 20 puntos porcentuales.

En este sentido, el Índice de Brecha Digital deja al descubierto una relación entre exclusión digital y desigualdad socioeconómica, desde una estructura territorial de tipo centro – periferia en la que el acceso a oportunidades digitales está condicionado por factores geográficos, económicos e institucionales.

La Contraloría advierte en su estudio que, aunque los departamentos con mayores niveles iniciales de exclusión digital han registrado reducciones relativamente más rápidas durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024, y la dispersión entre territorios ha disminuido gradualmente, los avances han sido insuficientes para eliminar las brechas absolutas existentes.

A su vez, se subraya que el desafío no se limita únicamente a la expansión de la conectividad, dado que los principales vacíos se concentran en el desarrollo de habilidades digitales y en el uso educativo, productivo y cívico de las TIC, lo que limita el aprovechamiento de la tecnología para el aprendizaje, el acceso a servicios públicos y la generación de valor económico.

El análisis también evidencia una desconexión entre la reducción de la pobreza monetaria y la evolución de la brecha digital. Aunque los indicadores de pobreza multidimensional han mejorado tras la pandemia, registrando en 2024 el valor más bajo (11.5%) de los últimos cinco años, la exclusión digital se ha mantenido, lo que demuestra que el aumento del ingreso no garantiza, por sí solo, una integración efectiva al entorno digital.

a Contraloría General hace hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de inclusión digital desde un enfoque multidimensional, que articule infraestructura, asequibilidad, formación en competencias digitales y uso significativo de las TIC, con énfasis en el ámbito educativo y en los territorios más rezagados. Contexto en el que herramientas de medición sistemáticas, como el IBD-CGR, facilitan la toma de decisiones, la focalización de esfuerzos y el avance hacia una inclusión digital equitativa, sostenible y alineada con los objetivos de desarrollo del país a largo plazo.