La justicia tardía

Por: Juanita Tovar.

El Congreso colombiano enfrenta una serie de desafíos significativos en este nuevo periodo legislativo, especialmente con la reforma a la justicia, un tema que ha quedado en el limbo en periodos anteriores, perpetuando un sistema judicial percibido como ineficaz y distante. Esta percepción de ineficiencia no es infundada: los ciudadanos ven cómo sus casos, que deberían resolverse en plazos razonables según el Código General del Proceso, terminan prolongándose por años, erosionando la confianza en la justicia. Esta dilación se traduce en una justicia tardía que, como es sabido, es justicia denegada.

El Código General del Proceso, que entró en vigor en 2016, prometía un avance significativo en la celeridad de los procesos judiciales. Estableció términos perentorios para diversas etapas procesales, buscando evitar los interminables trámites que hasta entonces asfixiaban al sistema judicial. Sin embargo, en la práctica, estos plazos no se han respetado. A modo de ejemplo, las cifras muestran que, en promedio, un proceso civil en Colombia puede tardar entre tres y cinco años en resolverse, cuando la expectativa era de un máximo de dos años. Esta situación genera no solo frustración, sino también un profundo sentimiento de abandono en los usuarios del sistema, quienes ven cómo sus derechos son vulnerados por la ineficacia de la administración de justicia.

Este nuevo periodo legislativo tiene la obligación de abordar de manera prioritaria la reforma a la justicia, entendida no solo como una reestructuración de las normas y procedimientos, sino también como una transformación de la cultura judicial. La mora judicial, que se estima afecta a más del 60% de los casos en el país, es solo la punta del iceberg. La impunidad, especialmente en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sigue siendo un problema alarmante, con cifras que superan el 90% en algunos sectores. Estas estadísticas son un reflejo de un sistema que ha perdido su capacidad para ofrecer respuestas oportunas y justas a la ciudadanía.

Uno de los puntos más críticos de esta reforma es la despolitización de la justicia. En Colombia, la elección de los altos funcionarios de la justicia, como los magistrados de las altas cortes, está profundamente influenciada por intereses políticos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la independencia y objetividad del sistema. La percepción de que la justicia está cooptada por intereses partidistas es un golpe mortal a su legitimidad. En este sentido, surge la pregunta: ¿Por qué no considerar la implementación de sistemas más democráticos, como los que existen en otros países, donde jueces y fiscales son elegidos por voto popular?

Sin embargo, la elección democrática de jueces no está exenta de desafíos. Este modelo, que busca garantizar que los funcionarios judiciales estén en sintonía con las necesidades y demandas de la ciudadanía, también corre el riesgo de politizar aún más el sistema si no se implementa con las debidas salvaguardas. La clave radica en encontrar un equilibrio que permita fortalecer la independencia judicial y, al mismo tiempo, hacerla más responsable ante la sociedad.

Lo cierto es que el Congreso no puede seguir postergando la reforma a la justicia. La mora y la impunidad han alcanzado niveles críticos, y la confianza de los ciudadanos en el sistema está en su punto más bajo. Es fundamental que los legisladores aborden esta problemática con la seriedad que merece, entendiendo que la justicia no es solo un pilar de la democracia, sino también una garantía de paz social y desarrollo económico.

La justicia no puede seguir en mora de transformarse, y el Congreso tiene la responsabilidad histórica de liderar este proceso de cambio. Pero también la Comisión Asesora de la Reforma Judicial, que lleva casi todo el año de reunión en reunión, hace unas semanas presentó una propuesta conjunta entre la Fiscalía y la Corte Suprema.