La lucha de una familia por atención médica integral en Santander

La crisis del sistema de salud vuelve a tener rostro. Esta vez es el de un niño santandereano de tres años, próximo a cumplir cuatro en abril, que pese a contar con una tutela favorable y dos incidentes de desacato judicial, continúa sin recibir el tratamiento integral que necesita con urgencia debido a una enfermedad neurológica que compromete su desarrollo y calidad de vida.

Su padre, César Augusto Jiménez, ha decidido hacer público el caso ante lo que considera una dilación injustificada por parte de la intervenida Nueva EPS, entidad responsable de garantizar la atención médica del menor.

Terapias que no llegan

El niño requiere un programa especializado de terapias con enfoque en neurodesarrollo. Esto incluye terapia física, ocupacional y de lenguaje, fundamentales en pacientes pediátricos con condiciones neurológicas, donde la intervención temprana y continua puede marcar la diferencia entre el avance funcional y el deterioro progresivo.

La familia asegura que lleva ocho meses esperando la autorización y ejecución completa de estas terapias. Además, el menor necesita dispositivos médicos esenciales: un coche neurológico adaptado, un caminador especializado y la realización periódica de juntas médicas interdisciplinarias.

Estas juntas venían siendo practicadas en el Hospital San José Infantil, donde se realizaban valoraciones por rehabilitación y enfermedades neuromusculares. Sin embargo, por trámites administrativos internos, dejaron de programarse, interrumpiendo el seguimiento clínico requerido.

Para el padre del menor, esta situación no solo retrasa el tratamiento, sino que compromete la estabilidad del proceso terapéutico que el niño necesita para mejorar su calidad de vida.

Judicialización sin resultados

Ante la falta de respuesta efectiva, la familia acudió a la acción de tutela, mecanismo constitucional diseñado para proteger derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados. El juez ordenó a la EPS garantizar el tratamiento integral requerido.

No obstante, la orden no fue cumplida en los términos establecidos.

Se abrió entonces un primer incidente de desacato. En segunda instancia, el juez reiteró la obligación de prestar el servicio. Persistió el incumplimiento. Posteriormente, se impuso una sanción que incluyó orden de arresto contra el gerente de la entidad como medida coercitiva.

A pesar de ello, el tratamiento continúa sin ejecutarse plenamente. Un segundo desacato fue promovido, sin que hasta ahora se haya logrado una solución estructural.

El caso evidencia un fenómeno recurrente en el país: la tutela como puerta obligada para acceder a servicios médicos, incluso cuando estos cuentan con respaldo clínico y orden judicial.

Un cuidador a tiempo completo

La dimensión del problema no es únicamente médica o jurídica. También es económica y social.

César Augusto Jiménez, economista de profesión, ha tenido que suspender el ejercicio laboral para dedicarse de tiempo completo al cuidado de su hijo. El menor requiere atención permanente, incluida la realización de cateterismos intermitentes cada ocho horas, lo que imposibilita que su padre mantenga un empleo formal.

Desde que el niño se levanta hasta que finaliza el día, cada actividad requiere supervisión y acompañamiento. El traslado diario entre Barbosa y Bucaramanga en busca de autorizaciones o atención médica se ha convertido en una rutina desgastante.

La ausencia de ingresos estables agrava la situación, obligando a la familia a solicitar apoyo y visibilizar públicamente el caso.

Más que un trámite administrativo

En pacientes pediátricos con discapacidad neurológica, el tiempo es un factor determinante. Cada mes sin terapia representa una oportunidad perdida en términos de desarrollo motor, cognitivo y comunicativo.

Las juntas médicas interdisciplinarias no son simples formalidades. Permiten ajustar tratamientos, evaluar evolución clínica y definir nuevas intervenciones. La suspensión de estas valoraciones interrumpe el proceso integral que el menor requiere.

El coche neurológico y el caminador no son accesorios. Son dispositivos que facilitan movilidad, postura adecuada y prevención de complicaciones musculoesqueléticas.

Para la familia, el problema no radica en la inexistencia de órdenes médicas, sino en la ejecución efectiva de las mismas.

Una crisis estructural

El caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios por parte de entidades intervenidas. La combinación de trámites administrativos, demoras en autorizaciones y fragmentación institucional suele traducirse en vulneraciones concretas de derechos fundamentales.

Cuando una tutela y dos desacatos no logran materializar una orden judicial, el debate trasciende el caso individual y plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y cumplimiento.

Mientras tanto, el menor continúa esperando las terapias, los dispositivos y las valoraciones que podrían mejorar significativamente su condición. Su padre insiste en que no busca confrontación, sino garantías mínimas para el tratamiento integral de su hijo.

En medio de cifras, procesos judiciales y expedientes administrativos, la realidad es concreta: un niño en condición de discapacidad cuyo desarrollo depende de intervenciones que, aunque ordenadas, aún no se ejecutan plenamente.