Con la salida de Construvicol y la entrada del Idesan la comunidad espera una mejora en la gestión de los recursos recaudados y el cumplimiento de compromisos adquiridos para evitar lo que avizoran que podría convertirse en un desastre institucional. Piden acabar con la falta de autoridad pues en la actualidad no hay control de peso para los camiones, el mantenimiento a las vías terciarias es nulo, hay altos sobrecostos en servicios de rocería, a lo que se sumó la ausencia total de ambulancia y grúa durante más de siete meses.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Durante las últimas dos décadas, el manejo del peaje ha estado en manos de la empresa Construvicol, bajo un modelo de concesión que desde su inicio estuvo rodeado de controversia. Según denuncias reiteradas de la ciudadanía, esta firma, en contubernio con funcionarios públicos y supervisores contractuales, habría incurrido en un robo sistemático de los recursos, mediante el cobro de obras infladas o incluso inexistentes.

Pese a que las alertas fueron encendidas en múltiples ocasiones, no hubo voluntad institucional para detener lo que líderes comunales califican como una “autopista de corrupción”. A lo largo de los años, la comunidad realizó bloqueos, marchas y paros en protesta por el deterioro de las vías concesionadas.

Uno de los casos más emblemáticos fue la pérdida de bancada en el sector La Cristalina, cuya reparación tardó casi dos años en ejecutarse. Lo más grave es que ese tramo, de apenas 50 metros, hoy presenta hundimientos y fallas estructurales, lo que representa un riesgo constante para quienes transitan por la zona.

El colmo del desdén institucional se evidenció cuando, tras un accidente en ese sector donde una camioneta tipo turbo cayó al abismo, el supervisor del contrato culpó al conductor por "estar borracho", ignorando las condiciones precarias de la vía.

Uno de los hechos más dolorosos ocurrió recientemente con la muerte de un usuario de la vía, cuya atención médica no fue posible ante la falta de ambulancia. La comunidad culpa directamente al Idesan por negligencia grave. A esto se suma el precario proceso de descuento para residentes, con apenas tres días para entregar documentos y la carga de responsabilidad sobre las Juntas de Acción Comunal, quienes se han visto enfrentadas a presiones y conflictos.

Las soluciones actuales, ambulancia, grúa, descuentos, son vistas como paños de agua tibia que no resuelven los problemas estructurales.

Sumado a lo anterior, el contrato original establecía la obligación de pavimentar 20 kilómetros de vías terciarias durante los 20 años de concesión.

Sin embargo, Construvicol solo ejecutó 8 km, que posteriormente fueron validados como 16 km mediante un "otro sí" firmado en la administración de Horacio Serpa. Esa vía, que conecta Campamento Salim con el teleférico en El Tabacal, fue presentada como un impulso al turismo, pero significó una pérdida directa de 8 km de pavimento rural para las comunidades campesinas.

Este ajuste contractual, calificado como un "entierro jurídico", no solo alteró el objeto de la concesión, sino que benefició financieramente al contratista en detrimento de la comunidad.

Compromisos pendientes

De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio, entre 2005 y 2025, Construvicol recaudó más de $225.000 millones, cuando las proyecciones iniciales eran de apenas $57.000 millones. Es decir, recibió cuatro veces más de lo proyectado, pero ni siquiera cumplió con los compromisos básicos de pavimentación y mantenimiento.

El 5 de enero de 2025, tras finalizar el contrato, el peaje pasó a manos del Idesan (Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander). Sin embargo, los compromisos continúan pendientes, incluyendo 4 kilómetros de vías terciarias sin pavimentar y dos repavimentaciones en la vía secundaria, quedaron en el limbo.

Según informó la Secretaría de Infraestructura en una asamblea popular celebrada en el Colegio Holanda hace varios días, esos 4 km costarían hoy $9.000 millones, pero Construvicol solo dejó en caja $1.600 millones. La cifra generó consternación entre los más de 200 asistentes, incluyendo veedores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Incluso cuando en 2015 se alertó sobre incumplimientos, la Secretaría de Infraestructura de la época respondió que el contrato no establecía plazos fijos para ejecutar las obras, lo que, en términos legales, exoneraba a la concesionaria de responsabilidad. Esta interpretación fue duramente criticada por la comunidad y hoy se presenta como ejemplo de cómo la legalidad fue usada para justificar la negligencia.

A pesar de las denuncias reiteradas, no hay claridad sobre las acciones jurídicas emprendidas contra Construvicol. Tampoco se ha exigido la pavimentación de los kilómetros restantes ni la repavimentación total de la vía al municipio. En cambio, los líderes que han alzado la voz han sido atacados en medios por lo que llaman "pseudoperiodistas" al servicio de intereses políticos y empresariales.

Por último, la comunidad considera inaceptable que el 35% del recaudo actual (más de $12.000 millones anuales) se destine a gastos administrativos de Idesan y Thomas Greg & Sons, empresa que asumió la administración sin haber informado previamente a la comunidad, mientras que el 65% restante será repartido entre alcaldías para obras sin planificación participativa.

Para los líderes, el modelo actual es una improvisación jurídica que va en contravía del interés público y el desarrollo de la región.