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La multinacional Chiquita Brands es declarada culpable de financiar el paramilitarismo en Colombia

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Resumen

Chiquita Brands financió a las Autodefensas Unidas de Colombia con $1.7 millones entre 1997 y 2004, según la justicia de Estados Unidos. Los fondos fueron utilizados para cometer crímenes de guerra. La empresa confesó haber realizado estos pagos.

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Según dictaminó la justicia de Estados Unidos tras un juicio de seis semanas Chiquita Brands International financió con 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004. Un juez del Distrito Sur de Florida determinó que los fondos enviados por la multinacional fueron utilizados para cometer crímenes de guerra. La compañía ya había admitido haber entregado dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa realizó aproximadamente 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. Estos pagos se hicieron entre 1997 y 2004 con el fin de obtener "seguridad privada" proporcionada por los paramilitares.

Fundada en 1870, Chiquita Brands tuvo una larga trayectoria en el mercado colombiano hasta que cesó sus operaciones en 2004. La empresa estuvo involucrada en varios episodios históricos del país, como la Masacre de las Bananeras, cuando todavía operaba bajo el nombre de United Fruit Company.

Tras un litigio de 17 años iniciado en 2007 por una serie de demandas civiles presentadas por nueve víctimas, la compañía confesó haber realizado estos pagos entre 1997 y 2004. Los registros muestran que los altos directivos en Estados Unidos estaban al tanto de los pagos a la AUC por parte de la filial colombiana.

Chiquita Brands, con presencia en casi 70 países, aseguró durante todo el proceso que los pagos se hicieron bajo presiones y extorsiones. Sin embargo, los testimonios de las víctimas y miembros de las AUC cuestionaron la veracidad de estas afirmaciones.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, con un total de 607 víctimas, entre 1991 y 2011. Durante estos años, muchos habitantes, líderes sociales, trabajadores y sindicalistas fueron asesinados.

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