La Paz se defiende ante la minería

Comunidades frenan intento de reactivación minera en Casablanca

En el municipio de La Paz, Santander, la tensión volvió a instalarse en las veredas Casablanca y La Mata. Lo que parecía un día rutinario se transformó en una jornada de movilización social cuando habitantes de la zona bloquearon el ingreso de personal de la empresa Zurich International Trading S.A.S., quienes, acompañados por efectivos del Ejército Nacional, pretendían inspeccionar el área de un antiguo proyecto minero de carbón en el paraje conocido como La Cueva del Indio. Este lugar es recordado por la comunidad como el epicentro de una lucha campesina que, hace más de cuatro décadas, logró detener la explotación de carbón en la región.

El nuevo intento de presencia empresarial encendió las alarmas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. El Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a través de la corporación Compromiso, expresó su preocupación por el uso de la fuerza pública en actividades privadas. “Exigimos al Ministerio de Defensa que explique por qué militares estaban en apoyo de esa empresa y pedimos a la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Santander y la Procuraduría Regional activar las acciones necesarias para proteger a quienes defienden su territorio”, manifestó el vocero del observatorio de derechos humanos.

La protesta fue contundente. “Aquí no necesitamos nada de ustedes. No queremos minería, cuidamos es el agua y la cordillera”, afirmó uno de los líderes comunitarios mientras sostenía un cartel que decía “El agua vale más que el carbón”. Los pobladores advierten que la minería en la parte alta de la montaña pondría en riesgo los acueductos veredales, las fuentes hídricas y la producción agrícola que sostiene la economía local.

Antecedentes y situación jurídica del título minero

El conflicto no es nuevo. El contrato de concesión CEI-101, que ampara la explotación de carbón, antracita y caliza en un área de más de 660 hectáreas en jurisdicción de Vélez y La Paz, fue firmado en 2004 y se encuentra en etapa de explotación desde 2005. Según el Auto de Fiscalización Integral PARB No. 0383 de julio de 2025, la sociedad Zurich International Trading ostenta el 58 % de la titularidad del contrato, mientras que Eliana Daconte Serrano posee el 30 % y Ángel María Aguilar Gutiérrez el 12 %, según el documento publicado por la Agencia Nacional de Minería.

El mismo auto revela que el título ha declarado producción en cero entre 2020 y 2024 y que persisten incumplimientos en la presentación de los Formatos Básicos Mineros (FBM) y en la actualización del Programa de Trabajos y Obras bajo estándares CRIRSCO. La Agencia Nacional de Minería advirtió que la inactividad prolongada constituye causal de caducidad del contrato, en virtud del artículo 112 del Código de Minas. Además, los titulares tienen pendiente el pago de regalías de varios trimestres de 2024 y 2025, según el documento antes mencionado.

Estas observaciones fortalecen el argumento de la comunidad: aunque el proyecto cuenta con licencia ambiental aprobada en 2014, su reactivación no podría hacerse sin antes subsanar los incumplimientos administrativos y presentar nuevamente los estudios ambientales y sociales. La alcaldía de La Paz respaldó esta posición al expedir la Resolución 144 del 5 de septiembre de 2025, mediante la cual impuso una medida preventiva que suspende cualquier actividad minera en la zona hasta que se cumpla con la normatividad vigente.

Militares en el territorio: ¿Protección o intimidación?

La presencia del Ejército es uno de los puntos más polémicos del caso. Para las ONG y líderes comunales, la imagen de soldados acompañando a la multinacional constituye una amenaza directa al derecho a la protesta pacífica. La Defensoría del Pueblo fue alertada para que garantice la seguridad de los manifestantes y se eviten confrontaciones.

Las autoridades locales, por su parte, explicaron que la fuerza pública estuvo en la zona con el propósito de garantizar el orden público y evitar bloqueos violentos. Sin embargo, los pobladores consideran que esta actuación representa una forma de presión y de criminalización de la defensa del territorio.

La voz de la comunidad y la vocación agrícola de la región

La Loma, San Lorenzo, Casablanca y La Mata son veredas que viven de la agricultura de subsistencia y del trabajo colectivo en acueductos comunitarios. La posibilidad de una reactivación minera genera temor por el impacto que podría tener en la calidad del agua, la estabilidad de los suelos y la seguridad alimentaria. “Si contaminan el agua, se acaba la vida aquí. No solo el cultivo de café y maíz, también el ganado y la gente que bebe de esas fuentes”, expresó una habitante durante la concentración.

La historia de resistencia se remonta a los años ochenta, cuando los campesinos se opusieron a la explotación de la Cueva del Indio, logrando frenar el proyecto tras largas asambleas y bloqueos. Para ellos, lo que ocurre hoy es la reedición de una lucha que nunca terminó.

Retos y escenarios futuros

El caso de La Paz plantea un dilema para las instituciones: cómo equilibrar el derecho a la explotación de recursos naturales, amparado en un contrato de concesión vigente, con los derechos fundamentales de las comunidades a un ambiente sano, al agua y a la participación. La posible caducidad del título, de no cumplirse los requerimientos en los plazos establecidos, podría cerrar el capítulo minero en la zona, pero también abre la puerta a demandas y litigios por parte de la empresa titular.

Mientras tanto, la comunidad permanece en asamblea permanente y ha solicitado acompañamiento internacional. Para los líderes, la prioridad es mantener la vocación agrícola de la cordillera y garantizar que sus hijos puedan heredar un territorio sin contaminación.

En el corto plazo, la Agencia Nacional de Minería deberá evaluar los descargos de Zurich International y decidir si procede la declaratoria de caducidad. De ser así, se desactivaría formalmente la posibilidad de explotación. Sin embargo, si el contrato sigue vigente y se reactivan las operaciones, el conflicto podría escalar y derivar en nuevas protestas, con un riesgo creciente de confrontaciones.

Lo ocurrido en Casablanca es un nuevo episodio en la larga historia de defensa del agua en Santander. La comunidad de La Paz envió un mensaje claro: están dispuestos a cerrar el paso a cualquier proyecto que ponga en riesgo su territorio. La tensión entre desarrollo extractivo y sostenibilidad ambiental vuelve a poner en el centro del debate nacional el modelo minero-energético y la urgencia de escuchar a las comunidades antes de avanzar en la explotación de los recursos.