La Paz Total y la inversión formal en los territorios colombianos

Por: Sergio Ramírez Tafur*

La política de “Paz Total”, eje central del actual gobierno, se concibió como una estrategia integral para reducir la violencia armada, implementar los acuerdos de 2016 y crear condiciones estructurales que permitieran el desarrollo económico y social de los territorios históricamente afectados por el conflicto. Sin embargo, a más de dos años de su puesta en marcha, el balance entre diálogo, seguridad e inversión privada muestra una brecha preocupante entre la narrativa nacional y la realidad territorial.

Los datos de reincorporación evidencian avances parciales: más de 13.500 excombatientes han ingresado a procesos de reincorporación y cerca del 70 % ha recibido tierras. No obstante, la implementación de la Reforma Rural Integral apenas alcanza el 30 %, y menos del 10 % de las hectáreas comprometidas han sido efectivamente entregadas. Esta lentitud estructural debilita la confianza en el Estado y limita la capacidad de los territorios para atraer inversión productiva.

En paralelo, la persistencia de la violencia erosiona cualquier expectativa de estabilidad. Desde la firma del Acuerdo Final, más de 400 excombatientes y cerca de 1.600 líderes sociales han sido asesinados. En los municipios PDET y ZOMAC, creados precisamente para cerrar brechas históricas, el 90 % registra hoy presencia activa de grupos armados, los homicidios han aumentado y las masacres muestran una preocupante tendencia al alza. La expansión de economías ilícitas —especialmente el narcotráfico y la minería ilegal— continúa siendo el principal motor de esta violencia, según la Misión de Verificación de la ONU.

Los procesos de diálogo con actores armados tampoco han logrado traducirse en una mejora sostenida de las condiciones de seguridad. Con el ELN persisten violaciones al cese al fuego relacionadas con el control territorial y de economías ilegales, mientras que el proceso con el Clan del Golfo se encuentra suspendido. Esta fragmentación del control armado genera un entorno altamente volátil, incompatible con decisiones de inversión de mediano y largo plazo.

Fuera de las zonas priorizadas, el impacto de la “Paz Total” ha sido aún más limitado. En las principales ciudades del país no se observan mejoras significativas en indicadores como homicidio y extorsión, y la criminalidad urbana continúa afectando la percepción de seguridad de la ciudadanía. Más del 70 % de los habitantes de ciudades no PDET considera que su seguridad personal no ha mejorado, lo que se traduce en incertidumbre institucional y desconfianza generalizada, factores que también afectan la inversión formal.

Desde el punto de vista económico, los incentivos diseñados para atraer capital privado a los territorios han resultado insuficientes. Aunque existen instrumentos financieros como el Fondo de Capital Privado para la Paz y líneas de crédito con garantías estatales, los incentivos tributarios más atractivos fueron declarados inconstitucionales. A esto se suma una infraestructura deficiente, altos costos logísticos y ausencia de servicios públicos básicos en amplias zonas rurales. En estas condiciones, la inversión privada se percibe como una apuesta de alto riesgo sin garantías reales de retorno.

Si bien la Inversión Extranjera Directa alcanzó cifras récord en 2023, este crecimiento se explica principalmente por sectores tradicionales como minería y energía, y no por una mejora estructural en la seguridad o el clima de inversión asociada a la “Paz Total”. La paradoja es evidente: se reconoce a la inversión privada como actor clave para romper los ciclos de violencia, pero no se crean las condiciones mínimas para que esta sea viable.

En conclusión, la “Paz Total” enfrenta un desafío central: cerrar la distancia entre el diálogo político y la realidad territorial. Sin seguridad jurídica, control efectivo del territorio, infraestructura básica y reglas claras para el capital privado, los territorios seguirán atrapados en un círculo de violencia y desinversión. La paz sostenible no se construye solo con mesas de negociación; requiere instituciones fuertes, ejecución eficiente y un entorno que haga posible producir, invertir y vivir sin miedo. Mientras eso no ocurra, Colombia seguirá siendo, para muchos inversionistas y ciudadanos, un país de alto riesgo y baja certidumbre.

 * Docente programa de Economía, Universidad de América