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La política de paz puede conducir a la entrega del país a la guerrilla

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Resumen

Mal comienzo de la política de ‘Paz Total’ que tiene como compromiso presidencial y como objetivo, limpiar los capitales provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico.

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Son muchas las voces de expertos que expresan a diario su preocupación por las múltiples negociaciones de paz que se realizan simultáneamente en Colombia y donde puede salir derrotada la institucionalidad, especialmente cuando se informa que entre las pretensiones que han colocado sobre la mesa las guerrillas disidentes de las FARC y del ELN está la eliminación de la policía nacional, para crear los cuerpos armados departamentales, que estarían por fuera de la órbita del ministerio de defensa nacional.

Mal comienzo de la política de ‘Paz Total’ que tiene como compromiso presidencial y como objetivo, limpiar los capitales provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, mientras el presidente Gustavo Petro Urrego abre los micrófonos de la diplomacia internacional, para decirle al mundo que es necesario legalizar la producción de cocaína, porque esos cultivos ilícitos son parte de los ingresos de los campesinos colombianos en las zonas cocaleras del país, con el pretexto de que está agotado el camino de la guerra.

Los emisarios y voceros de las disidencias de las FARC hablaron duro esta semana, al instalarse las conversaciones de paz en la región de El Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, recordándole al presidente Petro que existen unos compromisos desde la campaña electoral que tendrán que cumplirse como precio a su ‘generosa contribución a la reconciliación nacional’.

Esa expresión debería entenderse como una amenaza de la subversión y el terrorismo, para exigir que las zonas cocaleras sean controladas por milicias que el actual gobierno quiere crear o está creando para remplazar a la Policía nacional.

Durante los procesos de paz que se han adelantado en Colombia, el mejor ejemplo lo dieron las guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19), que se desmovilizaron sin exigir mayores contraprestaciones y prefirieron crear el Partido Verde, que ahora tiene a un exguerrillero como presidente de la república y una vigorosa representación en el Senado y la Cámara de Representantes. Para el M-19, su mayor cargo de conciencia ha sido el asesinato de los dieciocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que murieron durante el Holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá.

Con la exigencia de un apaciguamiento bilateral, que compromete por igual a los cuerpos de seguridad del estado colombiano, al ejército y la policía, como a los frentes guerrilleros y grupos de la delincuencia común, como el Clan del Golfo, cuyo mayor objetivo es conseguir la amnistía y el indulto, para lavar sus inmensos capitales malhabidos y poder colocar a sus hijos en los mejores colegios y universidades del país, porque quieren adquirir un estatus social que NO se merecen.

Mientras en el ajedrez de la política de ‘Paz Total’y sin condiciones, a cuyo amparo se colocan grupos terroristas y agrupaciones de la delincuencia común que practican en Colombia la minería ilegal y el narcotráfico, sigue derrumbándose la economía nacional, porque miles de colombianos han engrosado los grupos de migrantes que se han marchado del país, desde el momento en que se produjo la elección de Gustavo Petro Urrego como presidente, ante el anuncio de las expropiaciones de tierras, algunas de ellas a mano fuerte y con total desprecio de la institucionalidad.

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