La realidad que enfrenta Metrolínea
Resumen
El sistema de transporte masivo Metrolínea en Bucaramanga está en una encrucijada por problemas financieros. Es crucial implementar un proceso transitorio para garantizar la continuidad del servicio y evitar que la ciudad retroceda en términos de movilidad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El sistema de transporte masivo Metrolínea enfrenta un punto de inflexión en Bucaramanga. Según el gerente de Metrolínea S.A., Emiro José Castro Meza, es imperativo implementar un proceso transitorio para garantizar la continuidad del servicio y evitar que la ciudad retroceda en materia de movilidad. Bucaramanga, al igual que otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pereira, Medellín, Cali y Cartagena, adoptó el modelo de transporte masivo para reemplazar el caótico sistema de buses tradicionales y reducir la contaminación. Sin embargo, el deterioro financiero y operativo de Metrolínea ha generado incertidumbre sobre su viabilidad.
El gerente enfatizó que, más allá de una obligación legal, el sistema masivo es un derecho de los bumangueses. "Si no garantizamos este servicio, la ciudad perderá competitividad, eficiencia y calidad de vida. Además, la ilegalidad en el transporte aumentará de manera descontrolada", advirtió.
Respaldo normativo para el transporte masivo
La implementación de un sistema de transporte masivo en Bucaramanga no es una decisión arbitraria, sino una exigencia legal. La Ley 310 de 1996 estableció que la ciudad debía contar con un Sistema de Transporte Urbano Masivo de Pasajeros. Posteriormente, el CONPES 3298 de 2004 y el CONPES 3370 de 2005 definieron los lineamientos para su ejecución, estableciendo que los costos de operación serían asumidos por los municipios del área metropolitana.
Además, el Convenio de Cofinanciación con la Nación estipula que la responsabilidad de la administración, operación y mantenimiento del sistema recae en los municipios. La normativa es clara: el Estado no financiará el reemplazo de buses ni la operación del sistema, por lo que los gobiernos locales deben garantizar su sostenibilidad.
El Gobierno Nacional ha invertido alrededor de $700 mil millones en la infraestructura del SITM Metrolínea. Esta inversión justifica su exigencia de que los carriles exclusivos, estaciones y portales sean utilizados de manera efectiva. "Los alcaldes son los responsables de la operación de Metrolínea y deben garantizar su funcionamiento", señaló Castro Meza.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, tiene la responsabilidad constitucional y legal de garantizar la prestación del servicio de transporte masivo. Este es un servicio público esencial que permite el acceso a otros derechos fundamentales, como la educación, el trabajo y la salud.
Riesgo de daño fiscal
Si la infraestructura del SITM no se utiliza adecuadamente, el país enfrentaría un posible daño fiscal. Desde 2007, el Gobierno Nacional y los municipios han invertido más de un billón de pesos en el sistema. No utilizar esta infraestructura podría generar investigaciones por parte de la Contraloría General de la República.
Si bien los actuales alcaldes no son responsables de la crisis financiera de Metrolínea, sí están obligados a encontrar soluciones. "El alcalde Jaime Andrés Beltrán ha asumido este reto para brindar un mejor servicio de transporte a los ciudadanos", afirmó el gerente de Metrolínea.
El SITM no solo ha representado una inversión económica significativa, sino que ha mejorado la movilidad urbana al establecer carriles exclusivos para el transporte público. Estos carriles no pueden ser abiertos para el tránsito de vehículos particulares, ya que su propósito es garantizar un servicio eficiente y seguro.
En este sentido, Castro Meza destacó que permitir la libre circulación en estos carriles sería una medida contraproducente. "El carril exclusivo fue construido para el SITM y no puede usarse para particulares. Debemos erradicar el transporte ilegal y fortalecer el sistema masivo", recalcó.
Resistencia al cambio y críticas al modelo
A pesar de las dificultades que ha enfrentado Metrolínea, volver al antiguo modelo de transporte colectivo sería un retroceso. "Quienes sugieren eliminar el sistema masivo parecen olvidar los accidentes, la contaminación, el mal estado de los buses y la inseguridad del transporte antiguo", comentó Castro Meza.
En cuanto a la adquisición de nuevos buses, el gerente explicó que en Colombia no hay disponibilidad inmediata de estos vehículos. "Traer un bus nuevo tomaría alrededor de un año, y la ciudad no puede esperar tanto para tener un transporte eficiente y seguro", señaló.
El proceso de transición del SITM se ha diseñado para garantizar que ningún ciudadano se quede sin transporte. El Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea han trabajado conjuntamente para evitar la interrupción del servicio.
En la primera fase, los buses transitorios operarán en la troncal UIS-Provenza, con frecuencias de ocho minutos para mejorar la calidad del servicio. Además, las rutas complementarias seguirán conectando Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, asegurando cobertura en toda el área metropolitana.
Un compromiso conjunto
El gerente de Metrolínea aclaró que la responsabilidad del SITM no recae exclusivamente en el alcalde de Bucaramanga. "Los alcaldes de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga son los encargados de garantizar la movilidad de sus ciudadanos mediante un servicio de calidad, eficiente y seguro", precisó.
En este contexto, la implementación del sistema transitorio es una obligación legal que no puede ser ignorada. Si el alcalde no cumple con la normativa nacional, podría enfrentar un juicio de responsabilidad fiscal, debido a la inversión estatal en el proyecto.
"El futuro de la movilidad en Bucaramanga depende del compromiso de las autoridades y de la correcta utilización de la infraestructura existente. No podemos darnos el lujo de perder lo que tanto ha costado construir", concluyó Castro Meza.
