Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El pasado 5 de diciembre la Cámara de Representantes aprobó el controversial proyecto de Ley 339 de 2023 presentado por la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, para reformar el sistema de salud en Colombia. Si bien aún faltan los debates en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado, desde presidencia ya celebraron la acogida de la reforma.
La propuesta integral de reforma aborda aspectos fundamentales con el objetivo de garantizar una atención universal y preventiva, eliminando barreras de acceso y discriminación. La organización de Redes Integrales de Servicios de Salud busca ofrecer una atención continua e integral, con especial énfasis en las poblaciones marginadas. Se propone mantener el financiamiento público del sistema y asegurar un pago justo y puntual a las instituciones de salud. Además, la propuesta se compromete con condiciones laborales dignas para los profesionales de la salud.
Otros aspectos clave incluyen una planificación integral, transparencia en la gestión de recursos, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, identificación y disponibilidad eficiente de medicamentos, y la creación de instituciones itinerantes para regiones remotas. Avanzar en la soberanía farmacéutica y desarrollar un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo son elementos adicionales contemplados en esta propuesta.
De los 143 artículos presentados fueron aprobados 133, entre ellos, el Artículo 132: la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas, y el Artículo 133: la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom. Entre los que se rechazaron, se descartó uno de los más polémicos, ya que pretendía otorgar facultades extraordinarias al presidente para la creación de una nueva EPS.
La reforma busca migrar del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud a un Sistema de Salud basado en el Aseguramiento Social en Salud, y argumenta que este se interpreta como la protección colectiva, singular, extensiva, eficaz y solidaria destinada a asegurar el derecho fundamental a la salud de la totalidad de la población. Además, busca garantizar el aseguramiento social como un sistema público, universal y eficiente para todos.
El nuevo sistema también establece que ninguna persona deberá quedar desprotegida en cuanto a su salud, carecer de afiliación o no estar asignada a los Centros de Atención Primaria en Salud. Estos centros tendrían como función el desarrollo de procesos de adscripción poblacional, administración y atención al ciudadano, prestación de servicios de salud, gestión intersectorial y participación social, y pretenden construir uno por cada 25.000 habitantes.
La discusión de la reforma gira en torno a la inquietud de la población y los gremios de la medicina sobre la función, financiación y estructura del sistema de salud. Mientras algunos sostienen que Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, otros persisten en la necesidad de llevar a cabo reformas para que todos tengan acceso a salud de calidad.
Ahora bien, el sistema de salud pública actual en Colombia se financia principalmente a través de cotizaciones parafiscales provenientes de los trabajadores del sector formal, mientras que en el sector privado los usuarios, según su capacidad, aportan una parte por medio de las EPS. En ambos casos, el gobierno realiza contribuciones que refuerzan la financiación del sistema y permite ofrecer variedad de servicios de salud a la población. En conjunto, todos los aportes funcionan como un sistema de engranaje para que se preste un servicio de salud de calidad con las garantías necesarias.
Por otro lado, con la reforma, la financiación se basaría en la combinación de contribuciones directas de los ciudadanos y las empresas a través de cotizaciones, así como en recursos provenientes de impuestos, transferencias, participaciones y presupuestosasignados a diferentes niveles gubernamentales, todo manejado a través del Estado y la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). También es importante mencionar que las EPS dejarían de ser entes administrativos para ser solamente prestadoras de servicios.
También, se teme que el nuevo modelo pueda poner fin al "aseguramiento en salud", un sistema solidario establecido por la Ley 100 en los años 90, donde las personas con mayores ingresos subsidian el servicio de salud de aquellas con menores ingresos. Existe la preocupación de que el cambio hacia un sistema territorial público pueda limitar los recursos disponibles. Aunque se asegura que ningún colombiano quedará sin cobertura durante la transición, hay incertidumbre sobre cómo se garantizará esta transición sin poner en riesgo el aseguramiento y la atención de calidad a los pacientes, especialmente aquellos que pasarían de ser atendidos por EPS a una nueva entidad híbrida llamada Nueva EPS.
