La silla vacía del emisor

Por: Germán Eduardo Rodríguez Díaz*

Una señal de alerta para la estabilidad económica. El pasado 31 de marzo de 2026 no fue un día cualquiera para la economía colombiana. Más allá de una decisión técnica sobre tasas de interés, lo que ocurrió en la Junta Directiva del Banco de la República dejó una imagen poderosa —y preocupante—: la silla vacía del Gobierno en el principal órgano de decisión monetaria del país.

La escena no es menor. El Banco de la República, creado en 1923 y fortalecido por la Constitución de 1991, no es solo una institución técnica: es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica. Su mandato es claro y está consagrado en los artículos 371 a 373 de la Carta Política: preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y para ello, su independencia no es un detalle administrativo, sino una condición esencial.

La decisión de la Junta de aumentar la tasa de interés de 10,25% a 11,25% respondió a fundamentos técnicos sólidos. La inflación se ubica en 5,3%, por encima del rango meta (2%–4%), mientras que la inflación subyacente —que excluye alimentos y regulados— también muestra presiones al alza, alcanzando el 5,5%. A esto se suman expectativas inflacionarias crecientes, alimentadas tanto por factores internos como por tensiones geopolíticas que han impactado los precios de la energía a nivel global.

En ese contexto, el endurecimiento de la política monetaria no solo es comprensible: es consistente con la experiencia internacional y con la responsabilidad del banco central de anclar expectativas y evitar desbordamientos inflacionarios.

Sin embargo, el punto crítico no está en la decisión, sino en la reacción. El distanciamiento del Gobierno frente a la Junta —y su retiro de la sesión— envía una señal compleja a los mercados y a la institucionalidad misma. No se trata de negar el legítimo debate técnico. De hecho, la Junta está diseñada precisamente para eso: siete miembros con visiones diversas, donde el Ministro de Hacienda participa activamente. Pero una cosa es disentir dentro del marco institucional y otra es abandonar ese espacio.

El argumento del Gobierno, centrado en que la inflación actual responde principalmente a choques de oferta —como el encarecimiento de hidrocarburos por tensiones en Medio Oriente—, merece discusión. No obstante, la evidencia sugiere que las presiones inflacionarias en Colombia no son exclusivamente externas. El comportamiento de la inflación subyacente, junto con decisiones internas como el incremento significativo del salario mínimo, indican que también existen factores de demanda.

Un aumento del salario mínimo del 23%, en un contexto donde la inflación cerró en 5,1% y la productividad laboral crece apenas 0,57%, genera inevitablemente tensiones sobre los precios. No porque mejorar el ingreso de los trabajadores sea un error, sino porque sin un aumento paralelo en la capacidad productiva, ese mayor poder adquisitivo termina trasladándose a inflación.

Aquí es donde la política monetaria actúa como un contrapeso necesario, aunque incómodo. Subir tasas enfría la economía, encarece el crédito y puede desacelerar el crecimiento. Pero también es, muchas veces, el costo de corregir desequilibrios acumulados.

El verdadero riesgo, entonces, no es una tasa de interés alta. Es la percepción de una fractura institucional.

Cuando se debilita la coordinación —o al menos la coexistencia respetuosa— entre política fiscal y política monetaria, los mercados reaccionan. Y lo hacen rápido: mayores primas de riesgo, encarecimiento del financiamiento y presión sobre la tasa de cambio. Colombia ya enfrenta costos de endeudamiento elevados, con tasas nominales cercanas al 13,5% y reales alrededor del 8%. En ese escenario, cualquier señal de incertidumbre institucional se traduce en un castigo adicional.

La historia económica del país ofrece una lección clara. La independencia del Banco de la República permitió reducir inflaciones superiores al 30% en los años noventa a niveles cercanos al 5% en la actualidad. No es un logro menor, ni automático. Es el resultado de reglas claras, disciplina técnica y credibilidad institucional.

Por eso, la imagen de una silla vacía en la Junta no es solo un gesto político. Es un símbolo. Y como todo símbolo, comunica más de lo que parece.

Colombia no enfrenta únicamente un debate sobre tasas de interés. Enfrenta una prueba sobre la solidez de su arquitectura institucional. Y en economía, como en política, la confianza es un activo que tarda años en construirse… pero puede erosionarse en cuestión de días.

*Docente de Economía – Universidad de América