La vía Bucaramanga – Tunja es una vergüenza nacional: Debate en el Congreso sobre las concesiones

Lo que comenzó como un reclamo local en varias regiones de Colombia hoy se ha transformado en un debate de dignidad nacional. Así quedó demostrado en el Capitolio Nacional durante el foro sobre peajes y concesiones viales liderado por el senador Arley Gómez Fernández, Pacto Histórico, un espacio que congregó la indignación y las propuestas de estudiantes, campesinos y comerciantes, afectados por el estado de las carreteras del país.

Para el legislador, el panorama actual de la infraestructura concesionada exige un cambio drástico. La ciudadanía no aguanta más cobros por obras que no se ven, al señalar que eso se ha convertido en un karma para los colombianos.

Dijo que el modelo actual de peajes se ha convertido en un obstáculo para la vida y el desarrollo cotidiano de los ciudadanos.

"Estas concesiones han empeorado la situación porque no mejoran ni la calidad de vida, ni la calidad de las obras. Tenemos obras a lo largo y ancho del país concesionadas que no han podido ni iniciar ni terminar", denunció el congresista, advirtiendo que la legislación actual deja de manos atadas al Estado para exigirles cumplimiento a los privados.

A pesar del diagnóstico, el senador aclaró que el objetivo no es frenar el progreso ni perseguir la inversión privada, sino exigir equidad: "No nos oponemos a la modernización ni al desarrollo, sino a la equidad y a la justicia que implica tener vías nuevas con tarifas justificadas y equitativas. Si nos van a cobrar, cóbrenos, pero hagan las cosas", enfatizó.

Revisar Ley 1508-2012 de APP

Frente a las constantes quejas de diversos sectores por el abandono de tramos viales críticos —como la Ruta del Sol, Mulaló-Loboguerrero o la vía Bogotá-Villavicencio—, reveladas en el Foro, el senador Gómez planteó una salida jurídica concreta desde el Legislativo: “realizar una revisión de constitucionalidad a la Ley 1508 de 2012 (que regula las Alianzas Público-Privadas), porque el marco legal vigente está desequilibrado”.

Destacó el congresista que las normas actuales parecen "un traje de costura" a favor de empresarios que no se compadecen de la economía del ciudadano de a pie.

“Se busca que el Estado recupere herramientas reales de presión para obligar a los contratistas a entregar las obras a tiempo y en óptimas condiciones”, dijo, tras señalar que “el diálogo social ya ha dado frutos con el levantamiento de talanqueras en peajes de Cartagena y Puerto López, así como protestas activas en el corredor Bucaramanga-Tunja”.

La meta del nuevo Congreso, bajo la óptica de Gómez, es “lograr un modelo donde tanto el Estado como los empresarios cumplan su parte, garantizando que el pago de un peaje se traduzca realmente en seguridad, transitabilidad y bienestar para las familias”.