La vicepresidenta de Cepeda

Por: Maura Samara Suárez

Esta semana Iván Cepeda anunció a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial. Quilcué es una reconocida lideresa indígena del Cauca, fue representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en 2022 fue elegida al Congreso por la curul indígena a través del MAIS. La noticia ha generado polémica y celebraciones en distintos sectores, pero más allá del simbolismo vale la pena preguntarse ¿qué proyecto político representa realmente esta alianza?

Creo que lo primero que debe quedar claro es que la discusión no debería centrarse en el origen indígena de la fórmula vicepresidencial de Cepeda. Hay varias realidades que deben reconocerse. La primera es que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas y que su participación política en el Congreso es necesaria. El debate, en cambio, debería enfocarse en el modelo de poder territorial y en la relación con el Estado que promueven algunos movimientos políticos que hoy se presentan como portavoces de las comunidades indígenas, especialmente en su vínculo con el CRIC.

En Santander no estamos tan cerca de estos movimientos indígenas porque la región tiene poca o casi nula representación indígena. Estas organizaciones han tomado fuerza principalmente en departamentos como el Cauca, la Amazonía y La Guajira. En esos territorios, particularmente en el Cauca, las organizaciones indígenas han acumulado un poder considerable. Ese poder surgió inicialmente como una forma de apoyo estatal frente al abandono histórico, pero hoy plantea preguntas complejas sobre los límites entre autonomía cultural y Estado de derecho. Cuando estructuras comunitarias terminan reemplazando la autoridad institucional, ¿seguimos hablando de diversidad cultural o ya estamos frente a un problema político?

El respeto a las culturas indígenas no puede significar silencio frente a prácticas que vulneran los derechos humanos. La noticia más reciente es un video en el que una niña indígena es brutalmente azotada hasta perder el conocimiento por parte de un líder de su comunidad. La realidad es que de muchos de estos abusos solo nos enteramos cuando las víctimas llegan a un hospital. Mutilación genital, abuso sexual y violencia física son situaciones que padecen muchas mujeres dentro de estas comunidades, en silencio. Rara vez conocemos estos casos porque la justicia ordinaria prácticamente no llega a esos territorios. Incluso hace pocos días se conoció el caso de un narcotraficante que utilizaba un resguardo indígena como fachada ¿quién se hace cargo de esto?

Pero no es solo un tema “cultural”, también es un asunto institucional. Y ahí entra el CRIC. Esta organización recibe importantes recursos públicos, durante este gobierno los indígenas han firmado más de 62 contratos por $533.495 millones de pesos, además del poder territorial que se les ha otorgado. Resulta indignante saber que, vía decreto, el gobierno le dio capacidad para decidir sobre el manejo del agua en el Cauca, mientras campesinos denuncian que los propios indígenas les están cobrando por su uso. Además, el CRIC enfrenta denuncias de indígenas por abuso de poder de sus líderes, corrupción y asesinatos cometidos por grupos armados que, según señalan, actúan como su respaldo. Más de 70.000 indígenas que se han apartado de esa organización.

El feminismo no se defiende simplemente poniendo mujeres en cargos de poder si esas mujeres representan proyectos políticos que han guardado silencio frente al maltrato a niñas, frente a prácticas que vulneran la dignidad o frente a organizaciones señaladas por corrupción y abusos dentro de sus propias comunidades. Colombia merece líderes que representen justicia, transparencia y respeto por la dignidad humana, no estructuras políticas que terminan reproduciendo las mismas injusticias que dicen combatir, la pregunta inevitable es ¿a quién le estamos dejando este país?