Laberinto fiscal requiere salidas inteligentes, no parches costosos

Enfrentamos hoy una paradoja que define el futuro de nuestra economía, tenemos el déficit fiscal más alto en décadas, pero también la resistencia política más férrea contra nuevas reformas tributarias.

Esta aparente contradicción esconde una verdad incómoda que tanto el gobierno como la oposición prefieren evitar, nuestro problema no es solo de ingresos, sino de un modelo fiscal agotado que requiere reinvención, no remiendos.

Cuando el déficit fiscal alcanza el 6.7% del PIB y las proyecciones apuntan a un histórico 7.8% para 2025, estamos ante algo más que una crisis contable. Es la manifestación de un Estado que gasta más de lo que puede generar de manera sostenible, en una economía que no logra crear la riqueza suficiente para financiar las aspiraciones de bienestar social que todos compartimos.

La matemática es implacable, el gobierno Petro necesita $26.3 billones adicionales anuales para mantener su modelo de gasto, pero la última propuesta de reforma fue archivada por el Congreso sin contemplaciones. Este rechazo no refleja únicamente resistencia política; expresa el agotamiento de un sistema tributario que ha llegado a sus límites.

El gobierno comete un error fundamental al interpretar la crisis fiscal como un problema exclusivo de recaudo insuficiente. Esta visión ignora factores estructurales que erosionan la base tributaria, una informalidad del 55.8% que mantiene a más de la mitad de los trabajadores fuera del sistema, una evasión estimada en $80 billones anuales (4% del PIB), y una dependencia petrolera declinante que amenaza los ingresos futuros.

La tentación política de posponer decisiones difíciles es comprensible pero peligrosa. Cada año de indecisión acerca al país a una crisis fiscal que podría desestabilizar la economía completa. Cuando la deuda pública supere el 71% del PIB – umbral que podríamos alcanzar en 2026 – las opciones de política económica se reducirán dramáticamente.

Un país con finanzas públicas insostenibles no puede garantizar estabilidad macroeconómica, provisión de servicios públicos de calidad, o ambiente propicio para la inversión privada. La crisis fiscal eventualmente se convierte en crisis económica y social, afectando precisamente a quienes más necesitan protección estatal.

La solución trasciende colores políticos y requiere responsabilidad compartida. El gobierno debe reconocer que su modelo de gasto actual es insostenible y aceptar ajustes graduales pero firmes. Los empresarios deben entender que un Estado con finanzas sanas es condición necesaria para la estabilidad económica que requieren sus negocios.

La sociedad colombiana debe exigir tanto disciplina fiscal como eficiencia en el gasto público. No podemos seguir financiando un Estado ineficiente con impuestos confiscatorios, pero tampoco podemos pretender servicios públicos de calidad con recursos insuficientes.

Colombia necesita liderazgo político valiente que priorice la sostenibilidad de largo plazo sobre la popularidad de corto plazo. Necesita empresarios que entiendan su responsabilidad social y contribuyan a construir soluciones, no solo a bloquear propuestas. Y necesita una ciudadanía informada que exija tanto disciplina fiscal como eficiencia en el gasto público.

El laberinto fiscal tiene salida, pero requiere coraje para tomarla.