Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la grave situación humanitaria que se vive en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur de Bolívar, como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el control de los yacimientos mineros en la serranía de San Lucas.
En lo que va de 2025, la región ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados. El pasado viernes, el líder comunitario Robinson Loaiza López fue asesinado en la vereda El Golfo del municipio de Santa Rosa del Sur.
Estos hechos evidencian la consumación de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana Estructural 034 de 2023 para los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití (en Bolívar), donde el escenario de riesgo está relacionado con la coexistencia de tres actores armados en el territorio: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, auto denominadas “Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)” y el llamado “Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo reitera la urgencia de que se tomen medidas urgentes para atender esta crisis humanitaria y proteger a la población civil. En este sentido, reitera la urgencia de que:
1. Las Entidades Territoriales adopten los planes de contingencia que les permita cumplir con la ruta de atención y la entrega oportuna de la Ayuda Humanitaria de Emergencia.
2. La Fuerza Pública, en cabeza del Ministerio de Defensa, implemente medidas de seguridad humana y territorial para la protección de la población civil.
3. Al Gobierno nacional dar celeridad en el Plan de Choque para la implementación del Acuerdo de paz, promoviendo la articulación y la complementariedad institucional en la región.
4. Se atiendan de manera oportuna las solicitudes de protección para líderes y lideresas sociales y personas en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección.
5. Los grupos armados respeten los derechos humanos y las libertades de toda la población sin estigmatización.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las autoridades y actores involucrados a trabajar de manera conjunta y coordinada para garantizar la protección de los derechos humanos y el bienestar de las comunidades afectadas por esta grave situación.
