¿Lapsus?

Por: William Zambrano C.

Al calor de una controvertida decisión desfavorable para sus intereses electorales y los de su sector político, un candidato presidencial anuncia que eliminará el Consejo de Estado -organismo presente en nuestras instituciones desde 1817 y baluarte del Estado de Derecho en el ejercicio de su doble función jurisdiccional y consultiva-. Luego el candidato corrige y explica que se refería al Consejo Nacional Electoral y a la necesidad de un Tribunal de asuntos electorales verdaderamente independiente, con lo que en todo caso de alguna manera discute, consciente o inconscientemente, algunas de las funciones de la institución a la que aludió inicialmente.

Los lapsus no son inocentes.  Hay en lo sucedido un cierto patrón común al del presente gobierno que alaba las decisiones de la justicia o de los órganos de control, o electorales, en tanto le sean favorables; y despotrica de las mismas y llama a destruir las instituciones que las profirieron desde sus cimientos cuando no es así.

Reformas, mejoras y transformaciones, son posibles por supuesto, y son las que se espera que propongan quienes se postulan para dirigir los destinos del país.  Solo que las mismas es deseable que surjan de un análisis sólido y sopesado, y no del vaivén de la coyuntura; sobre todo cuando se trata de elementos clave del andamiaje constitucional y del sistema democrático.  

Las instituciones no son juguetes de los que se puede disponer a voluntad, según el parecer de algún líder iluminado, o de un sector específico del electorado. Menos aún cabe imaginar que puedan ser trasformadas en instrumentos de una ideología o de un partido en función de sus aspiraciones o intereses.  Eso no sería entender el papel de estas y en particular de los órganos de justicia y de control en el Estado de Derecho.

Ellos existen para dar garantías a todos, asegurar los equilibrios, y el respeto de los derechos y libertades de cada uno de los habitantes del territorio.  ¿Son infalibles? no; ¿Pueden equivocarse? por supuesto; pero para que se corrijan los eventuales yerros están los recursos y las amplias vías jurídicas previstas en nuestro ordenamiento. Lo que no cabe es llamar a demoler los cimientos frente a cualquier controversia.

Más bien, bienvenido el análisis sobre la mejor manera de asegurar la transparencia del debate electoral, el acceso en igualdad de condiciones a los recursos públicos para financiarlo y para promover la participación política, si de eso es de lo que realmente se trata. Esos temas bien pueden hacer parte, entre muchos otros, de los debates que la sociedad seguramente espera que den los diferentes candidatos al Congreso y a la Presidencia, que no pueden quedar en un abstracto llamado a una constituyente enmarcada no en una lógica de consensos, sino de imposición de una visión de país exclusiva y excluyente, en la que consciente o inconscientemente se llame a derrumbar la institucionalidad construida hasta ahora -incluida en ella el Consejo de Estado-.  @wzcsg