Las finanzas nacionales son sagradas y ningún funcionario puede derrocharlas

Que desvergonzado es el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, que se atreve a pedir la suma de diez mil millones de pesos para contratar a una asociación de abogados en el mundo que lo saque de la ‘Lista Clinton’, donde aparece con muchas dificultades para continuar en el poder. Que tal que los ministros, los gobernadores, los magistrados y los alcaldes pudieran hacer lo mismo en sus respectivas jurisdicciones y regiones, como si fuera plata de bolsillo, que le pertenece al pueblo colombiano.

La concupiscencia que se da silvestre en Colombia le ha abierto las puertas a los delincuentes de cuello blanco, que se han solazado buscando cargos públicos donde puedan acomodarse a la picaresca contratista. Lo dijo en su momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando le gritó a Laura Sarabia que guardara bien guardados los paquetes de billetes de diferentes denominaciones, que llegaron a la campaña presidencial de hace cuatro años.

Palabras más, palabras menos, el exparlamentario y ahora ministro del interior, le gritó a Laura Sarabia para exigirle una audiencia con el presidente Petro, para que le pagara la parte correspondiente al recaudo de dineros, al parecer procedentes de Venezuela, para su campaña presidencial, en unas bolsas cuyo contenido había sido falseado al parecer por unas empleadas del servicio doméstico en la tristemente célebre ‘Casa de Nariño’.

Hay razones para desconfiar de varios funcionarios del gobierno nacional, especialmente de la ‘Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres’, donde se repartieron millonarias coimas en dinero efectivo, provenientes del ministerio de hacienda, a iniciativa del exparlamentario Carlos Ramón González Merchán, exsecretario general de la presidencia de Colombia, que ahora disfruta a sus anchas de unas vacaciones en la vecina república de Nicaragua.

A los ladrones de cuello blanco les pareció fácil repartirse los dineros de la contratación oficial, como lo hicieron con la compra de una flotilla de carrotanques para paliar la sequía de los pueblos indígenas en el departamento de la Guajira. Hace tres años, en los ocultos laberintos del Palacio de Nariño se fraguó un complot contra un oficial de la policía que era el encargado de la seguridad del presidente de la República y todos guardaron silencio. 

Que el presidente de la república tenga el descaro de pedir un aporte de diez mil millones de pesos de las rentas de la nación para su defensa en escenarios internacionales, conduce a la obligación de que la Corte Suprema de Justicia, haga un pronunciamiento de fondo, porque el dinero de la nación debe estar  sometido a unos canales institucionales, fuera de los cuales constituye ‘DELITO’ cualquier movimiento que reviente los cimientos de la institucionalidad.