Las razones por las que Cepeda acusa a Abelardo de abrir la puerta a un régimen dictatorial ¿Le creemos?
Cepeda advierte que el Estatuto Antiterrorista podría ampliar facultades del Ejecutivo y afectar derechos, especialmente por su definición de terrorismo y el nuevo registro de organizaciones.
Cepeda advierte que el Estatuto Antiterrorista podría ampliar facultades del Ejecutivo y afectar derechos, especialmente por su definición de terrorismo y el nuevo registro de organizaciones.
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El debate sobre el Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella escaló este miércoles al terreno político y constitucional, luego de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda calificara el proyecto como una amenaza para el Estado de derecho y advirtiera que, de aprobarse en los términos conocidos hasta ahora, podría convertir al Ejecutivo en un poder con amplias facultades sobre las libertades ciudadanas.
La controversia se produce un día antes de que el Gobierno presente el borrador ante el Consejo de Política Criminal. El proyecto, según el texto conocido por varios medios, contempla la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un Alto Comisionado contra el Terrorismo, nuevas conductas punibles y mayores penas, además de un régimen penitenciario especial para cabecillas de organizaciones incluidas en el registro.
Cepeda, quien llegó al Senado después de competir por la Presidencia en representación del Pacto Histórico, lanzó una de las críticas más fuertes hasta ahora contra la iniciativa al titular su pronunciamiento: “¿Estatuto antiterrorista o régimen dictatorial?”.
En su escrito, el senador sostiene que el borrador “sustituye el Estado de derecho en Colombia” y, según su interpretación, podría conducir a la instauración de un régimen autoritario. La afirmación corresponde a la valoración política de Cepeda sobre el contenido conocido del proyecto y no a una conclusión jurídica establecida.
Cepeda cuestiona la definición de terrorismo
Uno de los principales reparos del congresista está relacionado con la definición que utilizaría el proyecto para establecer qué conductas pueden ser consideradas terroristas.
Según el borrador divulgado, el terrorismo sería definido como una conducta individual, grupal o colectiva que produzca “miedo, pánico y zozobra”, y que genere riesgos, amenazas o implique el uso de violencia.
Para Cepeda, esta formulación resulta demasiado amplia y podría permitir que determinadas conductas que actualmente se encuentran dentro de la legalidad terminen siendo interpretadas bajo la categoría de terrorismo.
El senador puso especial énfasis en el riesgo que, a su juicio, podría existir frente a la protesta social. Según su argumento, una definición amplia podría facilitar que determinadas expresiones de movilización ciudadana fueran consideradas actividades terroristas dependiendo de la interpretación de las autoridades.
La “lista de terroristas”, otro punto de choque
El segundo gran cuestionamiento de Cepeda se concentra en el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.
El borrador plantea un mecanismo inspirado, según la propia exposición de motivos del proyecto, en instrumentos utilizados por Estados Unidos, entre ellos los sistemas de designación de organizaciones terroristas extranjeras. El registro tendría consecuencias sobre los integrantes o entidades incluidas, entre ellas medidas relacionadas con bienes, recursos y relaciones económicas.
Cepeda considera especialmente delicado que la herramienta pueda alcanzar no solamente a organizaciones, sino también a personas.
En su crítica, advierte que una inclusión administrativa podría generar afectaciones al buen nombre, restricciones económicas y perjuicios patrimoniales antes de que exista una condena penal. El Gobierno, por su parte, ha planteado el registro como una herramienta para golpear las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.
El nuevo Alto Comisionado
Otro de los elementos señalados por Cepeda es la creación del Alto Comisionado contra el Terrorismo. De acuerdo con el borrador divulgado, el cargo estaría adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y sería designado directamente por el jefe de Estado para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. Además, el proyecto contempla facultades extraordinarias para que De la Espriella reglamente durante seis meses la oficina del nuevo funcionario.
Para Cepeda, la creación de esta figura representa una concentración excesiva de poder y cuestiona que su periodo pueda trascender el mandato presidencial que la origine.
El Gobierno sostiene, en cambio, que la nueva estructura busca centralizar y fortalecer la respuesta estatal frente a las organizaciones terroristas.
La advertencia más delicada formulada por Cepeda se refiere a las facultades de inteligencia y contrainteligencia que, según su lectura del borrador, podrían ampliarse mediante el nuevo marco jurídico.
El senador afirma que la propuesta permitiría “legalizar el espionaje, las escuchas ilegales y la inteligencia criminal”, una acusación que deberá contrastarse con el articulado definitivo y con el examen constitucional que tendrá el proyecto.
La iniciativa todavía no se ha convertido en ley. Se trata de un borrador que será presentado al Consejo de Política Criminal y posteriormente deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso. Por tratarse de una ley estatutaria en aspectos que afectan derechos fundamentales, su aprobación exige mayorías absolutas, trámite en una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional.
