Las sombras del alumbrado público en Bucaramanga

Es una lástima no poder contar en una sola columna uno de los robos más impresionantes al interior de la alcaldía de Bucaramanga en este 2026. Si el caso de Manantial de Amor llevó al ex alcalde Luis Francisco Bohorquez a la cárcel, y el proceso judicial que se conoció con el nombre de Vitalogic condenó en primera instancia a Rodolfo Hernández, todo lo que está pasando con el alumbrado público en la ciudad se está convirtiendo en la versión empeorada de “Los Nulle” en Colombia. El contrato de modernización del alumbrado público no sería la primera página de ese libro del proceso penal, pero sí uno de sus más importantes capítulos.

 La secretaria municipal de Infraestructura María del Rosario Torres Vargas ha firmado cada uno de los contratos convertidos hoy en una pirámide insostenible cuyo andamiaje técnico, financiero y jurídico empieza a mostrar fisuras que no solo compromete la legalidad de las decisiones adoptadas, sino que abre la puerta a responsabilidades administrativas, fiscales e incluso penales para quienes participaron en su estructuración y ejecución. Y aun cuando se ausente para que sea Carlos Javier Méndez Suárez quien firme las actas más comprometedoras, eso no la eximirá de su responsabilidad.

Esta columna es una denuncia pública con dirección a los organismos de control, razón por la cual se transformará en un informe legal para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta historia. El contrato de modernización y el de mantenimiento son uno de los ejemplos más claros de la forma en que se están despilfarrando los recursos públicos para favorecer intereses personales de los contratistas. El de mantenimiento es una estructura diseñada para inflar el valor desde el papel. En los análisis de precios unitarios se observa que el rubro de materiales en obra está en cero. Es decir, el contratista no compra insumos ni asume ese costo.

Pero, aun así, el contrato le reconoce porcentajes de administración y utilidad calculados sobre el total. Dicho de otra forma, más simple y sin rodeos: la administración municipal está permitiendo que un particular tenga ganancias sobre algo que no existe. Y esto resulta aún más delicado cuando los estudios previos confirman que los materiales son suministrados por el municipio.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica cobrar utilidad sobre costos que no se asumen? En la alcaldía de Bucaramanga se está constituyendo una posible distorsión del modelo contractual que podría estar inflando artificialmente el valor de los contratos para poder pagar dineros sin ninguna clase de fundamento legal. Las luminarias, los bombillos, las fotoceldas, conectores, cableado eléctrico, herrajes, transformadores y demás, salen de las bodegas municipales, y esa es una de las principales razones, por increíble que parezca, que a la ciudad la tienen a oscuras: porque robarse el alumbrado se convirtió en un negocio para los mismos encargados de suministrarlos.

Esto es apenas el inicio de este análisis, pero lo que hay detrás de todo esto es mucho peor.