Resumen
La plenaria suspendió el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Colombia, pero aprobó un proyecto de ley para la esterilización nacional de gatos y perros, visto como crucial para la salud pública y la protección animal.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Aunque animalistas y taurinos esperaban conocer la decisión de la plenaria sobre el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia, se suspendió el debate de la iniciativa y se discutieron otros proyectos del orden del día. Alejandro García, ponente del proyecto de toros, se refirió a esta suspensión, así como a tutelas y recusaciones interpuestas en medio del debate.
“Hay 51 representantes recusados, esperamos que la Comisión de Ética resuelva esto, sin embargo, ya todos previamente hemos votado en este proyecto, bien sea en el informe de ponencia o en los impedimentos, por ende, ya no hay lugar a retirarse del debate puesto que todos hemos participado del mismo. Mi invitación es a que demos el debate (…) ¿Cuál es el miedo a dar el debate? ¿Miedo a la democracia? ¿A honrar ese 85% de colombianos que se oponen a estas prácticas violentas?”, dijo el representante de Alianza Verde.
Posteriormente la plenaria aprobó otro proyecto de ley orientado a la protección animal, se trata de una iniciativa que crea el programa nacional de esterilización de gatos y perros, considerándolo una medida crucial para la salud pública y la protección ambiental de los animales. Este proyecto pasa a sanción presidencial y el encargado de reglamentarlo y estructurarlo será el Ministerio de Ambiente.
Mauricio Cuellar, representante a la Cámara por el Partido Conservador, y quien fue ponente del proyecto en Cámara, señaló tras la aprobación que “fue un arduo trabajo, pero sopesaron la ideas de dignificar la vida de nuestras mascotas”, además agradeció a la autora de la iniciativa, la senadora Andrea Padilla.
Previo a la discusión de estos proyectos, por unanimidad se aprobaron los informes de conciliación de dos proyectos de ley, el primero busca adoptar medidas de prevención, protección y atención al acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, el segundo reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada.
