Ley de Garantías es un decorado de la legislación en tiempo de campañas
Resumen
En Colombia, la 'Ley de Garantías' prometía transparencia electoral al restringir la contratación estatal y la intervención política de funcionarios. Sin embargo, se ha convertido en una mera fachada, con contratos acelerados y violaciones a la normativa.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La democracia colombiana se acostumbró a convivir con dos mentiras elegantes que se pasean orondas y sin oponentes en medio del debate político y son la supuesta neutralidad de los funcionarios en campaña y la restricción milagrosa de la contratación estatal en época electoral.
Ambas se presentan como murallas éticas y, en realidad, funcionan como telones que ocultan el mismo libreto de siempre.
La llamada “Ley de Garantías”, reforzada con la Ley 996 de 2005 tras la aprobación de la reelección presidencial que permitió un segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, nació como bálsamo político. Se ofreció como antídoto contra el uso electoral del Estado.
Ese remedio terminó convertido en simulacro. Se prohibió la contratación directa y se restringieron nombramientos con la promesa de blindar la transparencia. Lo que ocurrió fue predecible. Concentración frenética de contratos antes de la veda y parálisis administrativa después.
Los contratos de prestación de servicios, columna vertebral de la burocracia paralela, no desaparecieron. Se han multiplicado, sin sonrojo alguno, en los días previos al cierre, firmados a la carrera, con cifras que estremecen, pero que se patentan como ‘normales’.
En un reciente informe la Contraloría habló de más de 14 billones de pesos adjudicados en el umbral de la prohibición. Esa estampida no prueba rigor institucional, por el contrario, prueba urgencia por asegurar lealtades. El sistema no se depura, se envilece.
El discurso de formalizar la planta estatal y desmontar la contratación clientelar sedujo al inicio del actual gobierno. Gustavo Petro anunció que pondría fin a esa práctica. Pero la realidad política se impuso.
La contratación flexible garantiza operadores, estructura territorial y fidelidades. Ningún Gobierno ha querido renunciar a esa palanca. La ley que pretendía impedir abusos terminó por administrar tiempos, partidas multimillonarias y contratos acelerados, no conductas.
La otra ficción es la prohibición de intervenir en política. Gobernadores, Alcaldes y altos funcionarios aparecen en tarima con prudencia estudiada, mientras familiares y aliados compiten por cargos de elección. ¿Alguien cree que la maquinaria institucional se desconecta por decreto?
Paradójicamente, la misma normativa que acompañó la reelección inmediata permitió que Presidente y Vicepresidente participaran activamente cuando eran candidatos y hoy en día la prohibición se invoca como dogma, aunque nadie ignore su incumplimiento sistemático. La temida¿? Comisión de Acusación (o de absolución) jamás ha sido un disuasivo para el Jefe de Estado. Tampoco lo fue para sus antecesores.
Colombia no necesita más ficciones maquilladas. Requiere reglas claras y sanciones efectivas. Si la intervención en política de los funcionarios es inevitable, que se permita de frente y se castigue con severidad el abuso de poder, el peculado o el prevaricato.
Si la contratación es necesaria, que se vigile con lupa todo el año, no sólo en temporada electoral. Persistir en este teatro normativo sólo perpetúa el engaño tolerado y la hipocresía institucional.
