Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, destacaron en su Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.
El informe señala que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.
Los cálculos realizados estiman que se requieren $ 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.
Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
Población civil sin representación
Así mismo, la Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.
Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.
Atención Humanitaria
La Comisión llamó la atención frente a la tendencia creciente de los eventos de confinamiento en los últimos tres años, así como una marcada concentración mayoritaria de confinamientos en el departamento de Chocó, con 92 eventos (52,3 %), Nariño, con 20 (11,4 %), y Arauca, con 19 eventos de confinamiento en los últimos 3 años (10,8 %).
Agregó que los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son los que presentan las mayores necesidades de atención de víctimas de desplazamiento forzado y con dinámicas de conflicto armado persistentes, que requieren medidas de focalización para garantizar el acceso de manera oportuna a las medidas de atención en el marco de las emergencias.
En este sentido, se resaltó la necesidad de que se prioricen estos territorios por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, (UARIV), para garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de la medida de atención humanitaria.
Los Centros Regionales de Atención a Víctimas enfrentan dificultades en la construcción y mantenimiento, una responsabilidad que recae en las alcaldías y gobernaciones con la coordinación y articulación de la UARIV, sin embargo, preocupa a la Comisión que persiste el deterioro de muchas instalaciones. En el último año se ha registrado una disminución en el número de atenciones porque se siguen presentando obstáculos en el registro y entrega de datos, y porque continúa la falta de seguimiento y presencia de las entidades del Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Victimas (SNARIV).
En cuanto a las víctimas en el exterior, una de las principales dificultades advertidas por la Comisión es el subregistro existente, dadas las dificultades que se les han presentado en los países donde se encuentran para realizar su declaración. Para ofrecer una solución a esa problemática, actualmente se realiza un trabajo articulado con la Cancillería para que puedan rendir sus declaraciones, en el marco de la Ley 2343 de 2023, que amplió los términos para rendirlas.
Vivienda
Más del 77% de las víctimas tienen déficit habitacional y ha decrecido su participación en los subsidios de vivienda asignados. Existe un aumento de la brecha en el acceso a vivienda entre
la población general y la población víctima. En 2013 la participación de población víctima era del 73,4% de 33.079 subsidios otorgados a población general, en tanto que para 2023, las víctimas participaron con 11,9% de 54.258 subsidios otorgados a población general.
Existe un rezago en la entrega de subsidios de vivienda para población víctima. En el tema urbano, de 101.622 subsidios asignados a población víctima, se tienen 12.608 sin entregar (12 %) entre 2012 y abril de 2024, principalmente de los programas de Vivienda Gratuita II con 7.529, Semillero de Propietarios – Arriendo con 1.746 y Bolsas Anteriores con 1.309.
En vivienda rural, de 34.651 subsidios de vivienda asignados a población víctima entre 2012 y 2019, se mantiene un rezago en la entrega de 22.398, que representa el 64,6 % de los subsidios asignados.
Restitución de tierras
En materia de restitución de tierras, el informe de la comisión alerta sobre falencias en las tres etapas del procedimiento: en primer lugar, la demora en promedio de dos años para resolver una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, pese a que la Ley 1448 estableció seis meses para dicho trámite.
En segundo término, la etapa judicial a cargo de jueces especializados en la materia continúa altamente congestionada, pues existe una excesiva carga laboral y represamiento de procesos sin decisión de fondo. Y en tercer lugar, persiste el incumplimiento de sentencias de restitución, por parte de diferentes entidades gubernamentales.
La Comisión advierte sobre las dificultades en la implementación de la política pública de retornos y reubicaciones, especialmente en términos de seguridad y acceso a recursos. La ejecución lenta y la falta de continuidad en las acciones han impedido avances sostenibles. Continúan los problemas en el acceso a la oferta sectorial y a programas de generación de ingresos, tierras y vivienda por la inexistencia de rutas claras y específicas para víctimas de desplazamiento forzado.
Igualmente, hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para avanzar en las acciones de rehabilitación y atención psicosocial con niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado.
Por otro lado, la comisión destaca el cumplimiento de las metas en la elección e instalación de las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de Victimas, pero han surgido dificultades en la garantías de participación debido a la falta de asignación presupuestal de algunos entes territoriales que no permiten el cumplimiento del mínimo en el número de sesiones, por este motivo, se requiere un fortalecimiento en el apoyo y asistencia técnica para asegurar el aporte de las víctimas en la formulación de políticas públicas.
Continúa rezago en acceso a servicios básicos
Del total de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) que son sujetos de atención (7’661.300 personas), el 51,6 %, es decir 3’907.263, no tienen ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos.
El informe también señala que la pobreza extrema aumentó del 13,2 % en 2019 al 21,2 % en 2022. Del total de víctimas en el RUV, 7’661.300 personas, que son sujetos de atención, 1’677.824 personas no tienen los recursos necesarios para una alimentación básica, lo que quiere decir que están pasando hambre.
Sostiene que la tasa de ocupación formal para víctimas ha sido muy baja. Aunque el 50,6% de los hogares víctimas ha accedido a programas gubernamentales para generación de ingresos, solo el 25,1 % ha superado su situación de vulnerabilidad socioeconómica, y a la fecha un poco más de cinco millones de víctimas no la superan.
Concluye que existe una baja participación de la población víctima en la oferta institucional para la generación de ingresos, así como un bajo nivel de inversión por parte del Gobierno nacional en comparación con esa necesidad.
Por último, el informe revela barreras significativas en la protección de mujeres y personas con orientación sexual e identidades de género diversas LGBTIQ+, lo que da cuenta de la falta de programas efectivos y la insuficiencia en la atención a sus necesidades específicas, por lo que la comisión recomienda una aplicación efectiva del enfoque de género en las políticas de atención y reparación.
