Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La justicia colombiana decidió declarar la extinción de la pena impuesta en contra de Jennifer Andrea Zabala Henao por el delito de violencia contra servidor público, al cumplir su condena a través de la prestación de servicios comunitarios.
Según el Ministerio de Defensa y del Derecho, la juez de ejecución de penas al conocer el caso, decidió concederle a Zabala Henao el beneficio del que trata la ley 2292 de 2023 o Ley de Utilidad Pública, mediante la cual se le permitió que cumpliera su pena a través de la prestación de servicios comunitarios, sin que tuviera que pasar un solo día privada de la libertad.
“Jennifer lo hizo con los servicios comunitarios prestados a través de la ONG Confraternidad Carcelaria de Colombia, una organización que promueve distintas iniciativas con personas privadas de la libertad y sus familias desde un enfoque de justicia restaurativa. Particularmente, estuvo apoyando a la organización en su trabajo con población vulnerable en un hogar de paso para adultos mayores y personas en situación de habitabilidad de calle en la ciudad de Armenia, Quindío” señaló la cartera de Justicia en un comunicado de prensa.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández aseguró que “tras algo más de 10 meses de la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, hoy tenemos 59 mujeres que están haciendo servicios sociales en vez de estar privadas de la libertad. Jennifer Andrea es la primera mujer que paga su condena con servicios de utilidad pública. Por todo esto consideramos que resocializar es el camino”, precisó.
“Yo creo que todas las personas cometemos errores y ningún ser humano está libre de cometerlo. Por eso, necesitamos una segunda oportunidad. No se puede juzgar a nadie, porque no sabemos qué necesidades tenga. Fue muy diferente a estar en una cárcel porque, en mi caso, yo pude estar con mi familia y ayudarla”, manifestó Jennifer Andrea Zabala Henao.
