Los retos que deja Ángela María Buitrago tras su renuncia

La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia no solo marca un giro inesperado en la estructura del Gobierno Nacional, sino que deja al descubierto una profunda fractura interna que amenaza con socavar los pilares de la administración del presidente Gustavo Petro.

En días recientes, la exministra denunció abiertamente las presiones ejercidas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, a quienes acusó de obstaculizar gravemente su labor al frente de la cartera.

Buitrago, oriunda del municipio de Vélez (Santander), había llegado al cargo con una visión clara: transformar la justicia colombiana desde su raíz, abriendo paso a reformas profundas en el sistema penitenciario, la tipificación de delitos y la justicia restaurativa. Sin embargo, su renuncia —aceptada oficialmente el 16 de mayo por el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo mediante el Decreto 0529— es interpretada como el resultado de un conflicto irreconciliable con sectores del Ejecutivo.

“Mi salida obedece a razones éticas y de coherencia con los principios de independencia judicial”, señaló la exministra durante la conversación. Aseguró que en reiteradas ocasiones recibió presiones indebidas que afectaban decisiones técnicas y jurídicas. “Hay quienes quieren convertir el Ministerio en un apéndice de la política, y no lo voy a permitir”, declaró tajantemente.

Presiones desde el corazón del poder

Según el relato de Buitrago, el ministro Benedetti habría intentado influir en decisiones clave del Ministerio relacionadas con procesos de contratación, lineamientos de política criminal e incluso nombramientos dentro del sistema judicial. A esto se suma el papel de Angie Rodríguez, desde la DAPRE, a quien señala de intervenir en decisiones estratégicas sin el conocimiento ni autorización de la jefa de la cartera.

Estas injerencias no solo cuestionan la autonomía del Ministerio de Justicia, sino que reflejan una tensión latente entre las promesas de transformación del presidente Petro y las pugnas burocráticas al interior de su gobierno. El mismo mandatario se pronunció posteriormente afirmando que no fue una renuncia, sino una solicitud de retiro: “Hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz”, admitió el presidente en una declaración que reconfigura el discurso oficial.

Este episodio expone, una vez más, las dificultades del actual gobierno para articular una hoja de ruta coherente en materia de justicia, a pesar de que la exministra tenía listos doce proyectos de ley orientados a una reforma estructural del sistema judicial colombiano.

Una visión reformista interrumpida

Durante su gestión, Ángela María Buitrago impulsó una ambiciosa agenda de cambios normativos. Entre sus principales propuestas se destacaban la implementación de un nuevo sistema de justicia restaurativa, la revisión integral de la dosimetría penal y la creación de modelos de resocialización para los más de 120.000 internos del país.

En una entrevista exclusiva concedida a EL FRENTE el pasado 31 de julio, la exministra manifestó que “La justicia en Colombia está en jaque y no podemos seguir improvisando”, afirmó. Su propuesta incluía la posibilidad de que los prisioneros salieran a trabajar en estancias campesinas, talleres industriales y granjas agrarias, como una vía para reparar el daño causado y recuperar su vínculo con la sociedad. También insistía en la necesidad de reclasificar ciertos delitos que, con las últimas reformas, pasaron de ser contravenciones a delitos con penas superiores a cinco años, lo que ha contribuido al hacinamiento carcelario.

Buitrago consideraba prioritario desmontar estructuras corruptas en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), donde incluso propuso prohibir la sindicalización de funcionarios, argumentando que algunas organizaciones habrían contribuido a la fuga de criminales de alto perfil. “Se requiere una intervención integral, no más pañitos de agua tibia”, enfatizó.

El sistema penitenciario: una bomba de tiempo

Uno de los temas que más preocupaba a la exministra era el colapso del sistema penitenciario. “En los últimos 30 años hemos acumulado errores estructurales. La solución no es construir más cárceles, sino racionalizar la política criminal”, declaró. Según su análisis, la sobrepoblación no solo está en las cárceles tradicionales, sino también en los centros transitorios como las URI y estaciones de Policía, que se han convertido en espacios de reclusión permanente sin condiciones dignas.

“Este es un problema que debe resolverse de forma interinstitucional. No se trata solo del Ministerio de Justicia. Involucra a gobernaciones, alcaldías, Fiscalía, INPEC y otros entes del Estado. Hay que revisar dónde están recluidos los que requieren mayor nivel de seguridad y reorganizar el sistema penitenciario a partir de un enfoque de derechos humanos”, explicó.

Su mayor ilusión, según confesó a este medio, era implementar la “colonia agrícola”, una alternativa que permitiría a los reclusos trabajar en entornos rurales, bajo vigilancia, y contribuir a su propia sostenibilidad, mientras se reintegran gradualmente a la sociedad.

Justicia con enfoque humanista

Para Buitrago, la transformación de la justicia colombiana solo será posible si se adopta un enfoque humanista y diferencial. Criticó duramente el carácter punitivo del Código Penal vigente, que deja pocas opciones para aplicar penas distintas a la prisión. “Tenemos que abrir la puerta a las sanciones alternativas, a la reparación simbólica y a la utilidad social. Hay mujeres que salen a trabajar, personas que pueden aportar desde actividades comunitarias. No todo se soluciona con cárcel”, señaló.

Con esta visión, esperaba iniciar una discusión pública sobre la orientación del sistema penal, que en su opinión responde más a un modelo de castigo que a uno de transformación. “Las penas son consecuencia de un sistema político-criminal. Si ese sistema está mal orientado, terminamos reproduciendo la violencia que queremos erradicar”, advirtió.

Tras la renuncia de Buitrago, el Gobierno nombró al abogado Augusto Alfonso Ocampo Camacho como ministro encargado, en calidad interina. Ocampo, quien actualmente se desempeña como Secretario Jurídico en la Presidencia, asumirá las funciones sin desvincularse de su cargo actual, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad operativa para liderar un ministerio tan complejo en medio de una transición crítica.