Luz verde al proyecto de senador santandereano que elimina el cobro por reconexión en todos los servicios públicos

Hace pocos días se convirtió en ley una iniciativa parecida, pero que solo afecta los servicios de reconexión del servicio de telefonía e internet. Ahora esta propuesta, identificada como “Reconexión Sin Barreras”, marca un hito en la política social colombiana, al colocar el bienestar ciudadano por encima de la lógica de mercado en todos los servicios públicos. Si logra superar los tres de debates legislativos restantes y convertirse en ley, podría beneficiar directamente a más de 10 millones de hogares en los estratos 1, 2 y 3, representando un alivio tangible en medio de la difícil coyuntura económica que vive el país.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En un paso decisivo hacia la equidad social y la defensa de los derechos de los usuarios, la Comisión Sexta del Senado de la República aprobó este viernes el proyecto de ley “Reconexión Sin Barreras”, una iniciativa, de la cual es ponente el santandereano Gustavo Adolfo Moreno, que propone eliminar el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.

La medida busca aliviar la carga económica de miles de hogares pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, quienes suelen ser los más afectados por las tarifas adicionales que imponen las empresas prestadoras cuando un servicio ha sido suspendido por mora en el pago.

Actualmente, los costos por reconexión varían según el tipo de servicio y la región del país. En Bogotá, por ejemplo, la reconexión del agua puede costar hasta 18.000 pesos, mientras que restablecer la energía puede implicar un pago de entre 81.000 y 104.000 pesos, y el gas hasta 71.000 pesos. En muchos casos, esos valores representan una fracción significativa del ingreso mensual de un hogar de estrato 1 o 2.

La eliminación de este cobro permitiría a las familias destinar esos recursos a otras necesidades básicas, como alimentación, transporte o educación. Además, podría reducir la tasa de desconexiones prolongadas, que afectan la salubridad y las condiciones de vida de los hogares más pobres.

El proyecto de ley, que ahora pasa a segundo debate en la plenaria del Senado, plantea que las empresas de servicios públicos no podrán cobrar tarifas adicionales por reinstalar los servicios de agua, luz o gas una vez el usuario haya subsanado su deuda.

De acuerdo con su autor, el senador Jairo Castellanos, esta iniciativa responde a una necesidad urgente de proteger los derechos de los consumidores y garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos.

“Los servicios públicos son un derecho fundamental, no un privilegio. No puede ser que una familia que ya hizo el esfuerzo de pagar su deuda tenga que asumir un nuevo costo para que le devuelvan el servicio”, afirmó Castellanos durante la sesión.

El congresista recordó que Colombia continúa siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina, y que medidas como esta son indispensables para cerrar brechas y evitar que la pobreza energética y de servicios se siga profundizando en los sectores populares.

Aliviar el bolsillo y defender la dignidad

La propuesta cuenta con el respaldo del senador Gustavo Moreno, quien funge como ponente del proyecto. Moreno recalcó que los servicios públicos esenciales deben tratarse como derechos y no como mercancías:

“Si una persona se pone al día, no tiene por qué pagar nuevamente para que le reconecten el servicio. El acceso a agua, energía y gas no puede ser un negocio, es una necesidad vital”, señaló.

El legislador santandereano indicó que el proyecto de ley se sustenta en principios de justicia distributiva y responsabilidad social empresarial. “En la práctica, el cobro por reconexión ha sido duramente cuestionado por organismos de control y asociaciones de usuarios, que lo consideran una penalización injusta para los hogares más vulnerables, especialmente en contextos de desempleo o bajos ingresos”, expresó el senador santandereano.

Con la aprobación en la Comisión Sexta, el proyecto “Reconexión Sin Barreras” avanza a su segundo debate en la plenaria del Senado, y de ser aprobado, continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá surtir otros dos debates antes de convertirse en ley de la República.

Castellanos expresó su optimismo frente al ambiente político que rodea la iniciativa: “Este proyecto tiene muy buen ambiente, tanto en el Senado como en la Cámara. Es una propuesta que apunta al corazón del problema social del país: la desigualdad. Esperamos contar con el respaldo de todas las bancadas”, aseguró el legislador.

Un debate que toca fibras en la economía del hogar

La discusión sobre los cobros por reconexión no es nueva. Durante años, los usuarios han denunciado que las empresas prestadoras utilizan este mecanismo como fuente adicional de ingresos, a pesar de que el servicio ya fue suspendido y que su restablecimiento no implica altos costos operativos.

Expertos en regulación y economía del hogar sostienen que el proyecto representa un cambio estructural en la relación entre los usuarios y las empresas de servicios públicos, pues refuerza el principio de que el acceso a los servicios esenciales debe estar por encima de la rentabilidad comercial.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha reconocido en diferentes informes que los hogares de estratos bajos son los que más sufren las consecuencias de las suspensiones, especialmente en zonas rurales y periféricas donde el acceso a los servicios es limitado y el restablecimiento puede tardar varios días.

En su esencia, el proyecto no solo busca eliminar un cobro, sino también dignificar a los usuarios. Detrás de cada reconexión hay historias de madres cabeza de hogar, trabajadores informales y adultos mayores que se ven obligados a elegir entre pagar la comida o pagar la cuenta de la luz.

Por ello, la propuesta tiene un profundo sentido social y humanitario. En palabras de Castellanos: “No se trata solo de eliminar una tarifa, sino de reconocer que los servicios básicos son un derecho inherente a la vida. Queremos que ninguna familia vuelva a pasar días sin agua o sin energía por no poder pagar una reconexión injusta”.

Más allá del impacto económico, esta iniciativa abre el debate sobre la función social de las empresas de servicios públicos y el papel del Estado en garantizar que ningún colombiano sea privado de lo esencial por razones de pobreza.