Magistrados de la JEP pidieron al gobierno garantizar seguridad de CREDHOS en Barrancabermeja

​La JEP hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca y determine los responsables de esos hechos que dejaron tres personas heridas, entre ellas un niño, familiar muy cercano de la líder de Derechos Humanos contra quien se presume que estaba dirigido el atentado, ocurrido el pasado martes a latas horas de la noche. Víctimas, testigos, abogados y comparecientes que participan en los distintos casos de la JEP, que investigan los crímenes cometidos por agentes del Estado en el Magdalena Medio, han sido amenazados y están en situación de riesgo extraordinario. Estos hechos criminales permanecen en la impunidad, advirtió la JEP.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La Jurisdicción Especial para la Paz rechazó el nuevo atentado perpetrado contra la vivienda de una integrante de la Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), en Barrancabermeja, organización considerada víctima colectiva acreditada en el subcaso Magdalena Medio del Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.

Tal y como lo informó EL FRENTE en su edición digital a primeras horas del miércoles reciente, el atentado ocurrió a las 8 de la noche de este martes 13 de febrero cuando hombres aún no identificados, a bordo de una motocicleta, arrojaron un artefacto explosivo contra la vivienda.

Aunque la integrante de CREDHOS no se encontraba en casa en el momento del incidente, tres de sus familiares resultaron heridos, incluyendo un menor de edad.

CREDHOS y el excapitán González

Lo preocupante de este atentado, a juicio de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, es que ocurrió tres días después de la versión que presentó el excapitán del Ejército, José Eduardo González Sánchez, antiguo coordinador del Departamento de Seguridad de Ecopetrol, y quien solicitó ante los magistrados de la justicia transicional su acogimiento voluntario al modelo de justicia restaurativa.

La audiencia del excapitán del Ejército González Sánchez se realizó durante los días 8 y 9 de febrero recientes, en Bogotá, donde el compareciente vinculado al Caso 08 habló frente a la JEP de su relación con hechos que alteraron el orden público en la región del magdalena Medio Santandereano, su accionar contra la corporación defensora de derechos humanos, y otros hechos de violencia que de acuerdo con el relato del exagente del Estado González Sánchez dejó 26 víctimas originadas en distintos crímenes ejecutados por los paramilitares en asociación con agentes del Estado, en la región de Barrancabermeja y sus poblaciones cercanas.

Durante la diligencia, entre otros detalles, González Sánchez le narró a la magistratura de la JEP cómo surgió y se consolidó la alianza que facilitó la comisión de estos crímenes, además, respondió las preguntas sobre dos de las masacres más emblemáticas de la toma paramilitar del puerto petrolero, la del 16 de mayo de 1998 y 28 de febrero de 1999.

“La JEP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación seria, pronta y efectiva para determinar quiénes son los responsables de los hechos. Víctimas, testigos, abogados y comparecientes que participan en los distintos casos de la JEP, que investigan los crímenes cometidos por agentes del Estado, han sido amenazados y están en situación de riesgo extraordinario. Estos hechos criminales permanecen en la impunidad”, indicó uno de los magistrados de la JEP.

Además, la JEP exhortó a las distintas agencias gubernamentales con competencias en la materia para que garanticen la seguridad de las víctimas del conflicto armado que participan ante la Jurisdicción buscando justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

De acuerdo con cifras oficiales, a la fecha, la JEP, en el Caso 08, subcaso Magdalena Medio, ha acreditado tres grupos de víctimas colectivas y 97 víctimas individuales, en su mayoría, por hechos ocurridos en Barrancabermeja, Barbosa, Cimitarra y Simacota.

De las seis masacres perpetradas en Barrancabermeja, la ocurrida el 16 de mayo de 1998 dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. A la fecha, 11 cuerpos han sido entregados a sus familias y 14 continúan sin información de ellos. Las víctimas de estas masacres están acreditadas en el Caso 08 y han presentado solicitudes de medidas cautelares ante la JEP, tanto para proteger su vida e integridad y su derecho de acceder a la justicia, como para proteger los cementerios de Rionegro y Cimitarra, donde se presume podrían hallarse sus familiares desaparecidos.