Más de 120.000 periodistas y comunicadores del país serán beneficiados con histórico decreto de protección laboral y seguridad social

  El Gobierno Nacional reglamentó por primera vez un marco integral de derechos laborales, protección social y seguridad en el trabajo para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines. La medida fortalece la formalización laboral, amplía la cobertura de seguridad social y crea mecanismos especiales

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y a través del Ministerio del Trabajo, expidió un decreto histórico que fortalece los derechos laborales, la seguridad social y las condiciones de protección para más de 120.000 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines que ejercen su labor en Colombia.

La nueva reglamentación responde a una realidad que durante años enfrentó el sector: miles de profesionales de la información desarrollan su trabajo bajo condiciones de informalidad, ingresos intermitentes y altos niveles de exposición a riesgos físicos, psicológicos y digitales, sin garantías suficientes de protección laboral y seguridad social.

Según estimaciones de organizaciones y gremios del sector, en Colombia ejercen más de 120.000 personas vinculadas al periodismo y la comunicación social. Entre 2010 y 2018 se graduaron cerca de 39.000 nuevos profesionales, con un promedio anual de 4.300 egresados. Además, el 43 % cuenta con formación universitaria y el 40 % ha realizado estudios de posgrado, reflejando la importancia y profesionalización creciente de esta actividad.

"Este decreto representa un acto de reconocimiento y justicia con quienes informan al país todos los días. Durante décadas, miles de periodistas y comunicadores desarrollaron su labor sin contar con suficientes garantías laborales y de protección social. Hoy avanzamos hacia un modelo que dignifica el trabajo periodístico, fortalece la libertad de prensa y protege a quienes cumplen una función esencial para la democracia colombiana", afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

La medida reglamenta aspectos relacionados con contratación, jornada laboral, afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, además de establecer mecanismos de formalización para periodistas dependientes, independientes, comunitarios y trabajadores de medios tradicionales y digitales.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el fortalecimiento de la protección frente a los riesgos asociados al ejercicio de la profesión. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), durante los primeros meses del año se documentaron 150 agresiones contra periodistas, registrándose un incremento del 175 % en los casos relacionados con cubrimientos electorales.

Por ello, la nueva normativa incorpora medidas especiales para la prevención de riesgos laborales, violencia física y digital, afectaciones a la salud mental, acoso laboral y acoso sexual, así como protocolos específicos para coberturas de alto riesgo y situaciones de orden público.

Entre las principales disposiciones se destacan:

•    Fortalecimiento de la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales para trabajadores dependientes e independientes.

•    Acceso a mecanismos de subsidio para aportes pensionales y alternativas de protección económica para la vejez.

•    Creación de incentivos para la formalización y afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

•    Protección especial para periodistas comunitarios, regionales e independientes.

•    Fortalecimiento de la inspección y vigilancia para combatir la tercerización e intermediación laboral ilegal.

•    Garantías frente a riesgos psicosociales, violencia digital, amenazas y situaciones de alto riesgo asociadas al ejercicio periodístico.

"Una democracia sólida necesita periodistas protegidos. Este decreto busca que quienes cumplen la misión de informar a la ciudadanía puedan hacerlo con mayores garantías, estabilidad y protección social. Estamos construyendo un país donde informar no signifique trabajar sin derechos", agregó el ministro Sanguino.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional consolida una de las mayores apuestas de reconocimiento y dignificación para el sector periodístico y de las comunicaciones en Colombia, fortaleciendo las condiciones de trabajo digno y decente para quienes contribuyen diariamente a garantizar el derecho ciudadano a la información y a fortalecer la democracia.