“Medidores” de servicios públicos

Por: Jorge E. Solís

Es indiscutible que los servicios públicos en general es donde más se cometen abusos por parte de los entes encargados de comercializarlos, afectando de manera crasa la economía de la población en general, sin que exista un control estricto y exhaustivo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás instituciones encargadas de velar por la protección al consumidor, controlando los cobros mensuales establecidos por ley, sometiendo al usuario a pagos no legales presionados por la necesidad del servicio y en muchas ocasiones por desconocer sus derechos.

Existe un polémico debate con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -amb- ya que, en la capital santandereana, como en Floridablanca y Girón, serán sometidos un número importante de usuarios al cambio de medidores del servicio de agua potable, la gran mayoría por tener contadores que superan los 20 años de servicio. Los altos costos que oscilan entre $232.000 a $400.000 o más, dependiendo del artefacto a cambiar, se verán reflejados en las facturas, agregando a este valor $71.155 pesos por la instalación, con la entrega del antiguo medidor se hará un descuento de tan solo $15.000 pesos.

Se promedia inicialmente el cambio de 100.000 medidores a través de una empresa contratista, denunciando una posible cartelización, ya que en una sesión del Concejo se dijo por parte del representante a la Cámara Cristian Avendaño, que “existen indicios que varias empresas participantes en la licitación, estarían conformadas por los mismo integrantes”.  El sindicato del Acueducto se opone a la reposición de los 100.000 medidores de agua que alcanzaría una cifra cercana a los $5.000 millones, mientras con el personal del acueducto, el costo aproximado sería de $2.000 millones.

El debate se centra en que no se ha garantizado la eficiencia en la ejecución del proyecto, exigiendo una ficha técnica y claridad en los criterios de reposición, evitando la tercerización, pese a que la empresa es autónoma. Más allá de los cambios requeridos, se plantea que “esto no es renovación, es un negocio redondo a costa de los usuarios, el negocio del Acueducto es vender agua, no hacer caja con la venta de medidores”. Son muchos los vacíos y dudas entorno a estos cambios, por lo que el gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, será citado al Congreso para hacer claridad al respecto.

Finalmente, lo que se necesita es un personal idóneo, capacitado y autónomo, “medidores” de control de los abusos que a diario se cometen en los servicios públicos de agua, luz, telefonía, TV e internet, estos últimos disparados de manera descarada con contratos leoninos de estas multinacionales y que, pese a miles de denuncias instauradas, ‘no pasa nada’, todo se queda en trámites, y la gente ‘mamada’ en espera de un cobro justo, termina pagando lo indebido por la necesidad del servicio.  Requerimos “medidores” con acción de políticas justas.