Metástasis del conflicto armado

El nuevo mapa de la violencia en Colombia enfrenta hoy una reconfiguración del conflicto armado tan profunda como peligrosa. Los territorios que en el pasado estuvieron bajo el dominio de un solo actor armado ilegal -ya fueran guerrillas, paramilitares o las antiguas Farc antes de su desmovilización- se han convertido en escenarios de disputa abierta entre estructuras criminales que compiten por el control de economías ilícitas cada vez más lucrativas.

Lo que vivimos no es una transición hacia la paz, sino una metástasis del conflicto. El acuerdo del 2016, aunque histórico, dejó tras la cesión de armas de las Farc, un vacío de poder que el Estado no logró ocupar con la rapidez, presencia y contundencia institucional que esas regiones necesitaban; la ausencia de una respuesta integral permitió que otros actores emergieran con fuerza: el Clan del Golfo, las disidencias del EMC, la Segunda Marquetalia, y un Eln que ha ampliado su alcance con una lógica cada vez más económica.

Hoy el panorama es el de una competencia criminal brutal. El Clan del Golfo, heredero de estructuras paramilitares y convertido en el aparato narcotraficante más poderoso del país, actúa con una lógica empresarial: consolidar rutas, controlar minería ilegal y expandir su dominio territorial. El Eln, aunque conserva un discurso ideológico, se mueve con pragmatismo para dominar corredores estratégicos, especialmente en zonas fronterizas y cocaleras.

A esto se suman las disidencias, que han retomado las armas alimentadas por una mezcla de ideología reciclada y rentas criminales. No se trata de una guerra política. Es una guerra por el dinero. Los territorios disputados no son aleatorios: son rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y el Caribe, corredores que conectan los cultivos con sus puntos de salida, zonas auríferas donde la minería ilegal puede ser incluso más rentable que la cocaína, y espacios donde la población civil es sometida a impuestos, amenazas y reclutamiento forzado.

El resultado es devastador: masacres, desplazamientos masivos, confinamientos y comunidades atrapadas entre varios fuegos, identificadas como enemigas por cada bando en conflicto, “donde antes había un solo yugo, ahora hay tres”.

La respuesta del Estado debe ser integral, sostenida y coherente, los diálogos son necesarios, pero no pueden convertirse en un salvoconducto para que estos grupos sigan expandiéndose, mientras se negocia, es indispensable frenar en terreno su avance militar y económico; urge recuperar el control institucional y proteger a las comunidades, especialmente a los líderes sociales.

La seguridad debe ir de la mano y sostenida en inversión social masiva, justicia eficiente, educación de largo aliento, salud pronta y febril, con oportunidades que rompan la sensación de abandono que estos grupos ilegales explotan. Solo así podremos empezar a contener esta metástasis y reconstruir la esperanza en los territorios más golpeados del país.