Mezclados Congresistas y Gobierno cohabitan en un nido de corrupción
Resumen
La Fiscalía de Colombia investiga una red de corrupción que vincula a congresistas y altos funcionarios en torno a contratos irregulares. Se estima un saqueo de 290.000 millones de pesos, usado para asegurar votos en reformas. Se exige una respuesta contundente del Estado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Fiscalía General de la Nación, de Colombia, inició una pesquisa sobre una red de corrupción que vincula a Congresistas, exministros y altos funcionarios del actual Gobierno nacional.
El caso, descubierto a partir de testimonios y documentos, apunta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD y al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los indicios sugieren que cerca de cuarenta representantes del Congreso habrían recibido contratos irregulares y pagos en efectivo para respaldar reformas clave, impulsadas por el Ejecutivo.
El supuesto saqueo de fondos públicos supera los 290.000 millones de pesos, cifra que incluye recursos destinados a proyectos de infraestructura en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar.
Los contratos cuestionados habrían sido diseñados para beneficiar a legisladores, en Cámara y Senado, a cambio de su voto en la Reforma Pensional y en autorizaciones de créditos internacionales.
Así mimo, la elección de un Magistrado de la Corte Constitucional quedó salpicada por estas prácticas. En las declaraciones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, sin guardarse nada, señaló a veintiocho representantes a la Cámara como beneficiarios de contratos tramitados desde Invías.
La colaboradora entregó una carta con fecha del 17 de junio, del presente año, dirigida al magistrado Marco Antonio Rueda, donde se expone un resumen de los señalamientos contra aforados constitucionales.
Ese documento incluye una tabla con nombres de proyectos, municipios, valores y legisladores supuestamente favorecidos. El otro testigo principal, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, consignó en un informe de 108 páginas las maniobras que habrían coordinado exministros y funcionarios de alto rango del Gobierno Petro.
López implicó a Luis Fernando Velasco (exmininterior), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) y a Sandra Ortiz, conocida como “la mensajera” y hoy recluida en la cárcel.
En su relato, describe la entrega de por lo menos 92.000 millones de pesos a través de intermediarios como Jaime Ramírez Cobo para direccionar contratos a congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La magnitud de este entramado revela que mezclados Congresistas y Gobierno cohabitan en un nido de corrupción y la peligrosa y putrefacta connivencia entre poderes públicos.
El uso de recursos de emergencia y de infraestructura como moneda de cambio socava y deslegitima las instituciones. El señalamiento alcanza a figuras que, en teoría, debían custodiar el interés general.
Esa traición a la función pública exige no sólo castigo penal, sino reformas profundas en los sistemas de contratación estatal y en la supervisión de los Congresistas.
Colombia no puede tolerar la impunidad ni permitir que el erario se convierta en botín de unos pocos. La sociedad demanda una respuesta contundente del Estado, con procesos judiciales transparentes, recuperación de los recursos defraudados y sanciones contundentes.
Sin un desenlace que otorgue justicia a los ciudadanos, este escándalo quedará grabado como la evidencia de un poder corruptor, donde la política se mercadea al mejor postor.
