Resumen
El Pentágono emite una nueva política que ordena la expulsión de miembros transgénero que no cumplan con ciertos requisitos, como la estabilidad en su sexo asignado al nacer. La normativa es criticada por organizaciones defensoras de derechos trans y podría generar vacíos operativos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado una nueva política que ordena la expulsión de los miembros transgénero en servicio que no cumplan con requisitos específicos, según un memorando oficial presentado en una demanda judicial el miércoles.
La directiva, firmada por el funcionario a cargo del subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, establece que “los miembros del servicio que tengan un diagnóstico actual o antecedentes de disforia de género serán separados del servicio militar”. Además, el documento subraya que el Pentágono solo reconoce dos sexos, masculino y femenino, y que todos los integrantes de las fuerzas armadas deben servir de acuerdo con el sexo asignado al nacer.
Esta nueva política se implementa en cumplimiento de un decreto firmado por el expresidente Donald Trump en enero, que declaró a los miembros transgénero como “incompatibles” con el servicio militar. Aunque no hay cifras exactas sobre el número de militares transgénero en servicio, un informe de 2018 estimó que alrededor de 14.000 personas trans formaban parte del ejército estadounidense.
El memorando señala algunas excepciones para la permanencia de los soldados trans en el servicio activo. Para ello, deben demostrar al menos 36 meses de estabilidad en su sexo sin angustia psicológica, no haber intentado hacer la transición de género y estar dispuestos a cumplir con los estándares aplicables al sexo asignado al nacer.
La jueza de distrito Ana Reyes, quien supervisa la demanda judicial contra la política del Pentágono, advirtió que la normativa podría estar “posiblemente llena de animosidad” contra la comunidad trans. Aunque pospuso una decisión definitiva, Reyes tiene previsto realizar otra audiencia en las próximas semanas para evaluar los argumentos legales de ambas partes.
Esta medida es más estricta que la prohibición de 2017 impuesta por Trump, que permitía a los soldados trans ya enlistados continuar en servicio. La nueva normativa también prohíbe que el Departamento de Defensa financie procedimientos médicos relacionados con la transición de género, como cirugías de reasignación de sexo o tratamientos hormonales.
Organizaciones defensoras de los derechos trans y algunos miembros del ejército han criticado la decisión. El sargento mayor de la Fuerza Aérea, Logan Ireland, quien ha servido abiertamente como trans durante una década, advirtió que la expulsión de militares transgénero “crearía importantes brechas operativas que podrían tardar años en llenarse, afectando la eficacia y preparación de las fuerzas armadas”.
Entre los afectados se encuentra Riley Rhyne, un soldado que había sido dado de baja bajo la primera administración de Trump, pero que logró reintegrarse tras la anulación de la prohibición por parte del expresidente Joe Biden en 2021. Rhyne, cuyo entrenamiento básico estaba programado para marzo, expresó su frustración ante la nueva medida: “No estoy sorprendido, pero sí profundamente decepcionado”.
La Corte Suprema ya permitió la implementación de una prohibición similar en 2019 sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. Sin embargo, con la nueva batalla legal en curso, el futuro de los soldados transgénero en el ejército estadounidense sigue en incertidumbre.
