Resumen
La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, ha sido acusada por alcaldes y asociaciones de violar el Acuerdo de Escazú y afectar a 35 mil personas al dilatar procesos como la delimitación del Páramo de Santurbán y crear zonas de reserva ambiental sin participación ciudadana.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Solamente en el departamento, las decisiones arbitrarias del Ministerio de Ambiente afectarían a más de 35 mil campesinos, agricultores y pequeños mineros. Alcaldes de Santander, asociaciones de pequeños mineros, campesinos, ambientalistas y líderes entregaron sociales señalan a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de actuar en contra de lo establecido por el Acuerdo de Escazú que ella misma impulsó.
Ante el Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, conformado por delegados de 7 países américa latina y Norteamérica, los alcaldes de 6 municipios de Santander, asociaciones sociales, campesinos y pequeños mineros denunciaron a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por la presunta violación y atentado contra los derechos a la información pública, la participación ciudadana de 35 mil personas, y otras disposiciones del Acuerdo de Escazú, aprobado como norma en Colombia a través de la Ley 2273 de 2022.
Lo más inaudito, según los denunciantes, es que justamente la ministra Muhamad fue una de las abanderadas del Acuerdo de Escazú tanto en su época de activismo político y ambiental, como ahora que es representante del Gobierno Nacional.
Según la denuncia, la jefe de la cartera ministerial de Ambiente ha actuado en contra de lo establecido en el tratado internacional al dilatar sistemáticamente procesos como la delimitación del Páramo de Santurbán y por eso afronta un proceso de desacato a una sentencia de la Corte Constitucional.
La acusación contra la funcionaria también levanta una alarma sobre su anuncio de crear una zona de reserva temporal en Soto Norte, con el objeto de prohibir la minería, lo que en la práctica se extenderá a la agricultura, la ganadería, la construcción, y todas las actividades productivas como ya está pasando en regiones como Antioquia.
Por eso, en el marco del Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena, y ante delegados de Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá, los alcaldes de California, Suratá, Vetas, Matanza, Charta y Tona, asociaciones de pequeños mineros de la Provincia de Soto Norte y comunidad en general, *pidieron un seguimiento estricto a las decisiones y actuaciones de la Ministra Muhamad y toda su cartera de Ambiente, por las determinaciones que se están tomando y que atentan contra lo establecido en el Acuerdo de Escazú y en la Constitución Nacional.
Además, pidieron un proceso participativo, transparente y deliberativo, así como acceso a la documentación, y la definición de mesas previas de concertación donde estén las comunidades directamente afectadas, para que puedan conocer exactamente los alcances y el impacto de las zonas de reserva ambiental.
Igualmente, pidieron que se respete el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, que, si bien ya está finalizado en 7 de 40 municipios de Santander, la ministra lo estaría desconociendo a tal punto de dilatar un ejercicio que lleva más de siete años ‘en vilo’, dejando claro y con total evidencia su desinterés por cumplir el mandato judicial que exigen se concluya de la manera adecuada.
Los santandereanos, especialmente los habitantes de Soto Norte, solicitaron urgentemente al Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú su apoyo para exigirle al Gobierno Nacional, especialmente a la Ministra de Ambiente, que respeten los principios de acceso a la información y participación ciudadana, y la creación de mesas de concertación antes de la imposición de reservas temporales arbitrarias.
