Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En una audiencia pública sobre la “Situación Minera en Colombia”, liderada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), congresistas, empresarios, líderes gremiales, y organizaciones sociales y mineras de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, rechazaron las áreas de reserva minera que el Gobierno Nacional busca imponer a través del Decreto 044 y otras normativas ambientales, sin concertación con las comunidades y violando el Acuerdo de Escazú.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Con más de 35 intervenciones de líderes y comunidades de 5 departamentos, se evidenció un rechazo contundente a las áreas de reserva, que se suman a las manifestaciones y marchas de más de 150 mil pequeños y medianos mineros que participaron del Paro Minero del 21 de octubre, quienes han denunciado cómo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pretende declarar áreas de reserva para prohibir actividades mineras hasta por 10 años, sin estudios técnicos sólidos, sin mesas de concertación con las comunidades, y violando el Acuerdo de Escazú.
Según indicó el representante de Cundinamarca, Julio Roberto Salazar Perdomo, y quien fue el principal organizador de la Audiencia Pública, “realizamos esta audiencia porque el país está debatiendo el futuro del sector minero. Hay mucha incertidumbre, y no hay claridad sobre el futuro de un sector que da empleo, genera regalías, dinamiza las economías locales, y del cual dependen muchas familias en todo el país”.
El congresista también resaltó que “hay una enorme disposición de los empresarios y trabajadores del sector minero de buscar soluciones en el marco de la formalización y la legalidad. Pero tenemos que sentarnos a concertar, tanto el Gobierno Nacional como los sectores productivos y las comunidades, pues la minería es fundamental para los ingresos y recursos de los municipios, especialmente esos de sexta categoría”.
Según explicaron los participantes, más del 85% del territorio nacional ya está protegido, y en muchas poblaciones las comunidades mineras son las que justamente protegen y conservan los territorios. Sin embargo, sin estudios técnicos, con documentos no concluyentes, y argumentando una “precaución” inexistente el Ministerio de Ambiente quiere implementar medidas populistas que afectan todo tipo de minería, y condenan a la ilegalidad y al pobreza a miles de familias que viven de la minería legal o que quieren formalizarse en todo el país.
“El Ministerio de Ambiente está violando el Acuerdo de Escazú, se está pasando por encima de las autoridades locales y regionales, se está pasando por encima del Consejo de Estado y se está pasando por encima de las comunidades. Las áreas de reserva que quiere imponer la ministra de Ambiente, no garantizan la conservación sino por el contrario genera ilegalidad y con ello la contaminación, inseguridad y la no tributación que tanto afecta nuestros territorios”, indicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte en Santander.
Solo en esta zona, como se ha revelado, serían 78 mil hectáreas las que “se volverían reserva temporal de la noche a la mañana”, afectando a más de 29.000 santandereanos. Estas comunidades denuncian que el decreto amenaza con acabar con la identidad y tradición minera, una actividad que no solo sustenta a cientos de familias, sino que es parte de sus culturas también una fuente vital para las economías locales. “A los únicos que les conviene estas áreas de protección, es a los ilegales”, indicó Maldonado.
Indicaron que, al no ofrecer alternativas viables ni estudios técnico-científicos, el decreto 044 pone en riesgo la estabilidad de las comunidades y amenaza con desestabilizar aún más los territorios. “El Gobierno Nacional implementa medidas falsas y populistas, mientras los mineros enfrentamos trabas constantes para obtener licencias ambientales, pese a cumplir con estudios y requisitos.”, comentó Edwin Blanco, presidente de Asojuntas Suratá.
Los líderes sociales y mineros exigieron que el Ministerio de Ambiente concerté con las comunidades, y recalcaron que estas áreas de reserva no son una garantía de conservación, sino una condena a la ilegalidad para cientos de familias que dependen de la minería legal y responsable.
