Mineros de Santander insisten al gobierno Petro en que no puede prohibir la minería por fuera del Páramo de Santurbán

Además de una acción de tutela, las organizaciones sociales también informaron que radicaron una solicitud formal ante la Agencia Nacional de Minería para que ejerza una defensa activa de los pequeños mineros y de los titulares legalmente constituidos, proteja los derechos adquiridos y garantice que cualquier decisión relacionada con la actividad minera se adopte con criterios técnicos, jurídicos y de seguridad jurídica, preservando la estabilidad económica de las comunidades que históricamente han desarrollado esta actividad en la región.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Con una multitudinaria concentración frente a la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Bogotá, cerca de mil campesinos, pequeños mineros, comerciantes, líderes sociales, emprendedores y habitantes de siete municipios de Santander elevaron su voz de protesta para exigir la suspensión de tres proyectos de resolución que, según denuncian, comprometen el futuro económico y social de aproximadamente 25 mil habitantes de la provincia de Soto Norte.

Los manifestantes, provenientes de California, Vetas, Suratá, Charta, Matanza y Tona, consideran que el Gobierno Nacional busca dejar en firme estas decisiones a pocos días de concluir su mandato, sin que existan procesos de concertación efectivos, estudios técnicos suficientes ni garantías de participación ciudadana para las comunidades directamente afectadas.

El principal motivo de la movilización fue el rechazo a la propuesta de declarar una Zona de Reserva de Recursos Naturales Permanente en el sector de La Baja, en el municipio de California, así como a la prórroga de la Zona de Reserva Temporal que cobija cerca de 75.000 hectáreas en seis municipios de Soto Norte y tres corregimientos de Bucaramanga, además de una delimitación parcial del Páramo de Santurbán que, según los líderes comunitarios, desconoce los acuerdos construidos entre 2023 y 2025 con las comunidades y contraría decisiones de la Corte Constitucional, del Tribunal Superior de Santander, de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.

Para los participantes en la jornada de protesta, estas tres iniciativas restringirían el desarrollo de actividades económicas legales, afectarían el proceso de formalización minera y pondrían en riesgo la estabilidad de miles de familias que durante décadas han dependido de la minería y de actividades agropecuarias desarrolladas por fuera de los límites del páramo.

Fabio Maldonado, representante del Gran Pacto Social por California (GPS), afirmó que las comunidades no rechazan la protección ambiental, sino la forma en que, asegura, se pretende imponer las decisiones. En su criterio, la iniciativa no representa una reserva para proteger el territorio, sino una medida que conduciría a la pobreza de miles de familias que desarrollan minería legal fuera del ecosistema de páramo.

El dirigente sostuvo además que, después de cuatro años sin lograr concretar la delimitación definitiva de Santurbán, el Ministerio intenta aprobar de manera acelerada resoluciones que, según él, terminarían favoreciendo la expansión de economías ilegales y el desplazamiento de las comunidades tradicionales de la región.

Los manifestantes insistieron en que las decisiones han sido construidas desde Bogotá sin escuchar a quienes habitan el territorio y aseguraron que el proceso desconoce derechos fundamentales relacionados con la participación ciudadana, el acceso a la información, el debido proceso administrativo y los principios de transparencia contemplados en el Acuerdo de Escazú.

Durante la concentración también advirtieron que debilitar la minería legal y frenar los procesos de formalización podría abrir espacios para el fortalecimiento de grupos criminales en una zona históricamente afectada por la presencia de actores armados y donde el Estado aún enfrenta dificultades para ejercer un control institucional permanente.

Ivonne González hizo un llamado a la Agencia Nacional de Minería para que intervenga en defensa de los pequeños productores legalmente establecidos y de los títulos mineros vigentes. Según manifestó, la autoridad minera no debería permanecer al margen de una situación que, a su juicio, compromete el futuro de miles de familias que ejercen esta actividad dentro del marco legal.

Los líderes de la movilización reiteraron que su propósito no es oponerse a la conservación ambiental, sino exigir que cualquier decisión sobre el territorio sea producto de procesos técnicos, transparentes y concertados con las comunidades directamente involucradas.

Tutela en curso aumenta la controversia

La protesta ocurre mientras avanza una acción de tutela admitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, presentada por habitantes del municipio de California contra el trámite adelantado para declarar la reserva permanente en el sector de La Baja.

La acción judicial alega posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de acceso a la información, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad durante el desarrollo de la consulta pública adelantada por el Ministerio de Ambiente.

Como parte del expediente, las comunidades aportaron un informe pericial de informática forense elaborado bajo estándares internacionales de análisis de evidencia digital, en el que se documentan presuntas modificaciones realizadas durante el proceso de consulta pública entre el 15 y el 29 de julio.

Según el informe presentado por los demandantes, durante ese periodo se habrían modificado documentos oficiales, incorporado de manera posterior la cartografía que impactaría a más de tres mil familias campesinas y mineras, cambiado enlaces de descarga, sustituido archivos inicialmente publicados y aumentado el volumen de información cuando restaban pocos días para concluir la consulta, circunstancias que, según los accionantes, dificultaron el acceso oportuno a la información por parte de la ciudadanía.