Resumen
Calimineros, una empresa de 160 familias de mineros legales en California, Santander, acusa al Ministerio de Ambiente de mentir sobre el impacto de la Zona de Reserva Temporal, que amenazaría sus procesos de formalización y legalización minera, condenándolos de nuevo a la informalidad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La empresa Calimineros, conformada por 160 familias de pequeños mineros que hace 12 años dejaron la ilegalidad para hacer su labor de forma técnica y responsable, desmiente las afirmaciones del Ministerio de Ambiente. Además, de Calimineros, solo en California (Santander) hay otras dos asociaciones que suman 50 familias de pequeños mineros tradicionales, titulares mineros legales, y mineros ancestrales en proceso de formalización, cuyos procesos de formalización se ven destruidos por la Reserva, y se verían condenados a la ilegalidad y el desplazamiento.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Según denunció Calimineros S.A., la empresa legal conformada por 160 familias de pequeños mineros de California (Santander) que desde hace 12 años dejaron la ilegalidad para hacer minería responsable y cumplir con la normativa del Estado, luego de revisar uno a uno los mapas revelados por el Ministerio de Ambiente, se puede evidenciar que en sus comunicados de prensa y entrevistas, el Gobierno Nacional ha mentido al afirmar que ningún proceso de formalización se verá afectado por la Zona de Reserva Temporal cerca a Santurbán.
Jorge Abad Maldonado, gerente de Calimineros, aseguró que contrario a lo que afirma el Ministerio de Ambiente, la Zona de Reserva Temporal que se pretende declarar, afecta directamente a más de 210 familias de mineros tradicionales que ya se encuentran en un proceso de formalización legal aprobado por el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades del Estado, así como a varios titulares y pequeños empresarios mineros legales de California, y mineros ancestrales y tradicionales que habían manifestado previamente al Estado su intención de iniciar un proceso de formalización, sin que les dieran respuesta alguna.
“La Zona de Reserva Temporal, prácticamente, borra del mapa y afecta el proceso que llevamos construyendo de una manera juiciosa. Esta resolución obliga a las 160 familias que conforman Calimineros, a volver a la informalidad, pese a que hemos hecho todos lo que nos han solicitado para poder operar. Le pedimos al Gobierno que responda a los intereses y a todo el esfuerzo que hemos hecho, porque no es justo que de un solo plumazo el Ministerio de Ambiente acabe con esta empresa que busca rescatar la pequeña minería, la minería tradicional de California”, precisó.
Al caso de Calimineros, se suman otras organizaciones de pequeños mineros tradicionales como Asopromisoto que tiene 36 unidades mineras en proceso de formalización, o Asomical que cuenta con 14 titulares mineros, empresarios legales de California, que también estaban iniciando el proceso de formalización que Calimineros inició hace más de una década.
Inversiones desperdiciadas
La declaratoria de la Zona de Reserva Temporal por fuera del Páramo de Santurbán, anunciada por la ministra Susana Muhamad, no solo desconoce totalmente el proceso que Calimineros adelantó ante el Gobierno Nacional, sino que además destruye y tira a la basura el trabajo y los cientos de millones invertidos para presentar el Plan de Trabajos y Obras (PTO) que ya fue aprobado por el mismo gobierno. Así mismo, hace imposible que, para esta empresa legal de californianos, reconocida así por el mismo Estado, pueda tramitar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que han elaborado por más de 3 años para cumplir con toda la normativa vigente.
“Nosotros tenemos un subcontrato de formalización legal, aprobado por el Estado, pero ahora lo quieren desconocer. Luchamos contra la estigmatización que un grupo de ambientalistas nos creó en Bucaramanga, ahora nos toca hacerlo contra el Gobierno Nacional que nos ve enemigos del medioambiente cuando, precisamente, hace más de 12 años iniciamos un proceso de formalización para hacer todo de manera legal y bajo los parámetros establecidos. Necesitamos que el Ministerio de Ambiente nos escuche y deje de tomar decisiones sin sustentos técnicos, que solo responden a intereses políticos y a sus fines electorales, y que se atengan a las leyes vigentes”, dijo Maldonado.
Al tiempo, el representante legal de Calimineros expresó que es imposible creer en todo lo que enmarca este proyecto de resolución, cuando se está desconociendo un proceso de formalización seria y hasta enaltecido mundialmente por la OCDE, solo por dar un ejemplo.
“Nosotros, incluso, hemos realizado importantes alianzas para la conservación de las fuentes hídricas, instalamos la primera planta de descontaminación de relaves con mercurio en alianza con la ONG Pure Earth, pero eso nos les interesa decirlo a los ambientalistas y al Ministerio porque se les cae el discurso. Aunque la Ministra crea que se va de la cartera y no pasará nada, sus decisiones sí tienen repercusiones a largo plazo en la economía, el bienestar y el desarrollo de estos territorios olvidados, que ni siquiera el Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha volteado a mirar. Estamos tan olvidados, que la Ministra viene en helicóptero a reunirse con nosotros, porque ni vías dignas tenemos”, puntualizó el líder minero.
El empresario, también indicó que “el Ministerio, a su discreción y solo hablando con los “amigos” del Gobierno, quiere decir quién sí puede y quién no puede hacer minería en nuestros pueblos que llevan más de 500 años con esa actividad. Es absurdo que los mineros legales llevamos a cuestas el problema que el Estado no ha podido solucionar, nuestras operaciones no han ido jamás en contravía de las normas de protección ambiental de los ecosistemas, si fuera así ya estaríamos sancionados porque no nos quitan los ojos de encima. Pedimos que se revisen las medidas urgentes que nos condenan a nosotros, pero que dejan la puerta abierta para que la ilegalidad se tome nuestro territorio”, acotó.
De acuerdo con los mineros de California, la nueva determinante ambiental nunca fue presentada, socializada y/o concertada con ellos, por lo que al imponerse cambian todas las reglas del juego, donde ni siquiera en el 3% del territorio minero se podrán hacer las actividades que por siglos han dinamizado la economía local y regional.
