La comunidad rural de Molagavita, municipio ubicado en la provincia de García Rovira, solicitó al Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que ordene a la Gobernación de Santander y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adelantar las gestiones necesarias para reparar o sustituir la tarabita que sirve como único medio de transporte entre varias veredas y el casco urbano.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Hace varios días mientras que una pareja con su hijo cruzaba el Rio Chicamocha sobre una tarabita, la cuerda principal cedió y los cayeron a las aguas. Por fortuna, fue muy cerca de la orilla y el rio no estaba crecido, por lo que salieron del susto de su vida solo con algunas laceraciones.

Unos dicen que fue suerte y otros que la mano de Dios. No hay certeza, pero lo que sí es seguro es que los próximos que se caigan no contarán con tanta fortuna o con tantas bendiciones.

Advirtiendo lo que es hoy una tragedia a la que solo le faltan las víctimas, los habitantes de Molagavita pidieron mediante una acción judicial, interpuesta por el líder cívico Marco Antonio Velázquez, que la Gobernación de Santander y la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres arregle su único medio de transporte.

La petición fue presentada dentro de una acción popular interpuesta por el veedor, en la que se demanda al Departamento de Santander y al Municipio de Molagavita, con vinculación de entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), y la Defensoría del Pueblo Regional Santander, que actúa como coadyuvante.

Según los habitantes, la tarabita, que no es más que un sistema rudimentario de cable y canasta utilizado para cruzar el río Chicamocha, se encuentra en condiciones críticas y representa un alto riesgo para quienes la utilizan a diario, entre ellos decenas de estudiantes que deben desplazarse a sus escuelas.

La comunidad relata que el deterioro de la estructura ha sido progresivo y que los mantenimientos ejecutados por la Gobernación han resultado ineficaces.

Tras el colapso parcial, los vecinos improvisaron una solución amarrando la tarabita a una palmera, medida que reconocen como precaria y peligrosa. Los pobladores denuncian que desde entonces no se ha realizado ninguna visita técnica oficial para evaluar y reparar la estructura.

Argumentos para un fallo anticipado

En su solicitud, los coadyuvantes piden que se aplique la figura de la sentencia anticipada, prevista en el artículo 278 del Código General del Proceso, que permite al juez dictar fallo sin agotar todas las etapas procesales cuando ya existen pruebas suficientes para decidir.

Según los solicitantes, el proceso cuenta con dictámenes periciales, pruebas documentales y visitas de inspección que acreditan la vulneración de derechos colectivos como la seguridad, la movilidad y el acceso al espacio público.

“Ya no hay pruebas por practicar; el problema está plenamente demostrado y cada día que pasa aumenta el riesgo para nuestros hijos y para toda la comunidad”, señalan en el escrito dirigido al despacho judicial.

El deterioro de la tarabita no solo afecta la seguridad de los pobladores, sino que ha generado consecuencias económicas. Los campesinos afirman que la imposibilidad de transportar sus productos de manera segura ha reducido sus oportunidades de comercialización, profundizando la pobreza en las veredas afectadas.

Asimismo, la falta de un cruce seguro compromete la permanencia de los niños en el sistema educativo. En muchas ocasiones, los padres se ven obligados a acompañar a sus hijos en un trayecto riesgoso o, en el peor de los casos, a suspender su asistencia escolar.

Una solución que no convence

En el marco del proceso judicial, se ha mencionado la posibilidad de instalar un puente militar provisional para garantizar el paso mientras se define una solución definitiva. Sin embargo, la comunidad advierte que esta medida, aunque necesaria en el corto plazo, no resuelve de fondo la problemática y podría perpetuar la precariedad de la conexión vial.

Los habitantes han advertido que, si el proceso judicial continúa dilatándose, se verán en la necesidad de realizar un paro para exigir soluciones. La comunidad insiste en que el puente o una estructura segura de cruce no es un lujo, sino un servicio esencial para garantizar derechos básicos como la educación, la seguridad y la movilidad.

El caso de Molagavita refleja la fragilidad de las infraestructuras rurales en Colombia y el impacto que su deterioro puede tener sobre la vida de comunidades enteras, especialmente en regiones montañosas donde la conexión con el resto del territorio depende de pasos críticos como este.