Motociclistas, la cuota sangrienta en el aumento de la accidentalidad fatal en Colombia

La motocicleta se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la movilidad colombiana, pero también de la tragedia vial. El aumento de los siniestros que involucran a estos vehículos y el elevado número de víctimas mortales llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir una actuación preventiva para revisar qué está fallando en la seguridad de los motociclistas y qué están haciendo las autoridades para evitar nuevas muertes.

La decisión fue anunciada después de que el Ministerio Público verificara los niveles de siniestralidad y mortalidad de este grupo de actores viales. La actuación tendrá una duración de seis meses y abarcará todo el país, con especial atención en Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali y Girón.

El dato que explica la preocupación es contundente: de acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante 2024 murieron 5.194 motociclistas en Colombia. Y entre enero y septiembre de 2025 ya se habían contabilizado 3.951 motociclistas fallecidos y 12.706 lesionados en siniestros de tránsito.

Estas cifras deben leerse con cuidado, porque los periodos comparados no son equivalentes y la información consolidada de 2026 todavía está en proceso. Sin embargo, los registros territoriales conocidos durante este año muestran que el problema continúa y que en algunas ciudades y departamentos la mortalidad vial ha aumentado de manera considerable.

Bogotá acelera las alarmas

La capital del país ofrece uno de los ejemplos más claros. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 368 muertes en siniestros viales, frente a 284 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 29,6 %, según cifras preliminares de la ANSV citadas por El Espectador. Los motociclistas volvieron a ocupar el primer lugar entre las víctimas.

El fenómeno no es completamente nuevo. En 2024, el 47,3 % de las víctimas fatales de siniestros viales registradas en Bogotá fueron motociclistas, según los datos utilizados por la Procuraduría para justificar su actuación preventiva.

La motocicleta, entonces, no solamente representa una alternativa de transporte para millones de colombianos. También concentra una proporción particularmente alta del riesgo de morir en las vías.

Santander aparece entre los territorios bajo la lupa

La preocupación adquiere especial relevancia en Santander. Un reporte publicado en abril con base en estadísticas de la ANSV señalaba que, de las 80 muertes registradas en corredores viales del departamento durante el periodo analizado de 2026, el 75 % correspondía a motociclistas. Bucaramanga contabilizaba 17 fallecidos, Floridablanca seis y Girón cinco en ese corte.

La situación también aparece reflejada en las estadísticas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Durante el primer semestre de 2026, los motociclistas concentraron el 53 % de las fatalidades, con 28 muertes, y el 79 % de las personas heridas, con 694 lesionados. Entre las principales hipótesis de causa señaladas por la autoridad aparecen la desobediencia de señales de tránsito, el exceso de velocidad y no mantener la distancia de seguridad.

La dimensión del problema quedó nuevamente expuesta el 30 de septiembre en Girón, donde un grave siniestro en el sector de Puerta Grande dejó dos personas muertas y ocho heridas. Una de las víctimas mortales fue un motociclista. La hipótesis preliminar de las autoridades apuntó a una posible falla en el sistema de frenos de un vehículo de carga que terminó chocando contra dos motocicletas, un furgón y una vivienda.

El caso ocurrió precisamente en uno de los territorios que la Procuraduría incluyó dentro de su vigilancia especial.

¿Qué está revisando la Procuraduría?

La actuación preventiva no parte de atribuir las muertes a una sola causa. El objetivo es identificar las brechas existentes en la aplicación de las medidas de seguridad vial y establecer si las autoridades y los actores sometidos a regulación están cumpliendo adecuadamente sus obligaciones.

Durante los próximos seis meses, el Ministerio Público revisará la información disponible, la implementación de las normas de seguridad vial y los mecanismos utilizados para identificar y controlar los riesgos que puedan comprometer la vida de los motociclistas.

La Procuraduría podrá formular recomendaciones y exhortos dentro de sus competencias de vigilancia preventiva.

La intervención se produce, además, en un momento en que el debate sobre la seguridad vial ha ganado espacio en el Congreso. En septiembre, durante una audiencia pública sobre una eventual modificación del Código Nacional de Tránsito, se planteó la necesidad de revisar el marco normativo frente a los niveles de mortalidad que registra el país. Según cifras citadas en esa audiencia, hasta el 30 de abril de 2026 habían muerto 3.019 personas en siniestros viales.

No todo accidente tiene la misma explicación

Uno de los aspectos que deberá determinarse es cuánto de esta mortalidad está relacionado con conductas de los usuarios y cuánto corresponde a condiciones externas: estado de las carreteras, diseño de las vías, señalización, iluminación, controles de velocidad, condiciones mecánicas de los vehículos, convivencia entre motocicletas y vehículos pesados y capacidad de respuesta de las autoridades después de un siniestro.

Los propios registros de la ANSV contemplan variables relacionadas con el tipo de actor vial, edad, sexo, vehículo, circunstancias del siniestro, condiciones de la vía y causas asociadas al fallecimiento. Es decir, existe información suficiente para construir una radiografía mucho más precisa del fenómeno.

Esto resulta particularmente importante porque una colisión entre dos motocicletas, una caída provocada por exceso de velocidad, el impacto contra un vehículo de carga o un siniestro originado por una falla mecánica no necesariamente tienen la misma explicación ni requieren la misma respuesta institucional.