Movistar enfrenta nueva investigación por presuntas irregularidades en la portabilidad numérica

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocida comercialmente como Movistar, tras recibir múltiples denuncias sobre posibles incumplimientos en el proceso de portabilidad numérica, un derecho consagrado en la legislación colombiana que permite a los usuarios cambiar de operador móvil sin perder su número telefónico. Este mecanismo busca fomentar la competencia y proteger la libertad de elección de los consumidores.

Según informó la SIC, la investigación se concentra en dos posibles faltas. La primera estaría relacionada con retrasos en la entrega del Número de Identificación Personal (NIP), el código que valida la identidad del usuario y autoriza el traslado del número al nuevo operador. En algunos casos, incluso se habría omitido el envío del NIP pese a que las solicitudes se recibieron oportunamente. Esta demora afecta directamente la posibilidad de los usuarios de completar el proceso de portabilidad dentro de los tiempos establecidos, lo que podría generar desincentivos para cambiar de proveedor de servicios móviles.

La segunda posible infracción implica el ofrecimiento de incentivos o beneficios a usuarios que ya habían iniciado el proceso de portabilidad hacia otro operador. Esta práctica está expresamente prohibida por la normativa, ya que podría interferir con la libre elección del consumidor al ofrecer ventajas artificiales para retener a los clientes en la red de origen, distorsionando la competencia del mercado.

Ante estas presuntas irregularidades, la SIC impuso medidas preventivas para garantizar la protección de los derechos de los usuarios mientras se desarrolla el proceso investigativo. La entidad ordenó a Movistar cumplir estrictamente con los tiempos legales de entrega del NIP, que deben ser, en al menos el 95% de los casos, inferiores a cinco minutos, y nunca superar los diez minutos, incluso si el servicio del usuario se encuentra suspendido. Además, la compañía deberá abstenerse de enviar mensajes promocionales o comunicaciones comerciales a quienes ya hayan iniciado el proceso de portabilidad.

De confirmarse estas conductas, Movistar podría enfrentarse a sanciones de hasta quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque la resolución de la SIC que formula cargos no admite recursos, la empresa tiene un plazo de quince días para ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y responder a las acusaciones.

Esta no es la primera vez que Movistar es objeto de medidas disciplinarias por parte de la Superintendencia. En septiembre de 2024, fue sancionada con una multa de más de 718 millones de pesos, equivalentes a 740 salarios mínimos de la época, por irregularidades similares en los procesos de portabilidad. En esa ocasión, la SIC identificó activaciones de líneas móviles sin la entrega de tarjetas SIM y portaciones no solicitadas por los usuarios, acciones que también vulneraron los derechos de los consumidores a recibir información clara y ejercer libremente su decisión de cambio de operador.

Las investigaciones actuales y anteriores reflejan un patrón de fallos operativos en los procesos de Movistar, lo que podría implicar una responsabilidad reiterada por parte de la empresa en el incumplimiento de normas diseñadas para garantizar transparencia y equidad en el sector de las telecomunicaciones. La SIC reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y el fortalecimiento de un entorno competitivo y justo en el mercado móvil colombiano.