Muerte política y prisión de 22 años a uno de los exgobernadores más corruptos en Colombia

 La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier a una pena de 269 meses y 6 días, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 270 meses y 8 días, multa de 45.341 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

En la decisión se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y su sustitución por prisión domiciliaria, ordenando la privación inmediata de su libertad, captura que se materializó el 10 de abril de 2025.

En el juicio se demostró que, como gobernador de La Guajira (2008–2011), Pérez Bernier estructuró, impulsó y suscribió un proceso contractual caracterizado por graves irregularidades desde su fase precontractual hasta la ejecución y las posteriores adiciones y modificaciones, con el propósito deliberado de adjudicar el contrato No. 770 de 2009 a la Unión Temporal del Norte.

En ese proceso contractual se vulneraron principios esenciales de la contratación pública como la transparencia, la planeación, la selección objetiva y la responsabilidad fiscal, al obviar requisitos esenciales como estudios técnicos, análisis de impacto, licencias ambientales y verificación de la experiencia del contratista. Asímismo, se probó que permitió y facilitó el desvío de recursos públicos por más de 24 mil millones de pesos en favor de terceros, mediante operaciones ficticias, sobrecostos y subcontrataciones.

Para la Sala Especial de Primera Instancia, Pérez Bernier actuó de forma consciente y deliberada para incurrir en delitos y facilitar el apoderamiento de cuantiosos recursos públicos destinados a la educación de la niñez en La Guajira: “sus decisiones estuvieron guiadas por la intención deliberada de dañar la administración pública que debía proteger”.

El fallo recalca que las actuaciones del exmandatario no fueron errores técnicos ni simples omisiones, sino decisiones conscientes y reiteradas para desviar recursos que debían mejorar la infraestructura escolar del departamento.

“Con la imposición de la sanción la Sala propende a restablecer el orden alterado y sentar un precedente que alerte a quienes ejercen cargos populares y ostentan responsabilidades de compromiso al patrimonio público, para que actúen conforme al ordenamiento y se proscriba del quehacer cotidiano cualquier tipo de trampa con la que se pretermita el estricto acato al ordenamiento, máxime cuando, como se destacó líneas atrás se trataba de dineros que debieron invertirse adecuadamente en la educación de niños, niñas y adolescentes de La Guajira”, se lee en la sentencia.